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fev 16 2022
INVESTIDOR EM CRIPTOMOEDAS SE ALIOU A CORRETOR PARA MATAR MEGATRAFICANTE DO PCC, DIZ POLÍCIA

Pablo Henrique Borges PCC

Outros três empresários são procurados pela polícia. Entre os alvos está um empresário do ramo do futebol, sócio de uma grande agência de atletas;

Alvo de uma operação deflagrada na manhã desta segunda-feira (14), o milionário investidor em criptomoedas Pablo Henrique Borges é investigado pela Polícia Civil de São Paulo como um dos mandantes da morte do megatraficante internacional Anselmo Becheli Santa Fausta, o Magrelo. O assassinato ocorreu em 27 de dezembro de 2021.

De acordo com investigação do DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa), da Polícia Civil, Pablo Borges é amigo do corretor de imóveis Vinícius Lopes Gritzbach, de 36 anos. Os dois seriam os mandantes do crime. Segundo a polícia, Pablo teria ajudado Vinícius a investir, em criptomoedas, US$ 100 milhões de Anselmo. Esse dinheiro, que sumiu, seria a motivação do crime.

Pablo já é conhecido pela polícia. Em 2018, ele foi preso por desviar mais de R$ 400 milhões em golpes bancários. Na casa do empresário, no Morumbi, bairro nobre de São Paulo, a polícia apreendeu, hoje, o passaporte da mulher dele: a digital influencer Marcella Portugal Borges. Ela, no entanto, não é alvo da polícia. A advogada Rubia Girelli, que representa Marcella, informou que sua cliente não tem nenhuma relação com os fatos noticiados e que seu passaporte foi apreendido exclusivamente porque estava na residência, local onde foi cumprido o mandado de busca. Pablo não foi localizado e é considerado foragido.

Já o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, que representa Pablo no processo de 2018, diz que o investidor procurou sua equipe de advogados na manhã desta segunda, quando soube que a polícia estava na casa dele fazendo buscas. Kakay disse ainda que tomou conhecimento do mandado de prisão contra Pablo no início da noite e que ainda vai se inteirar da acusação.

Além de Pablo, outros quatro investigados foram alvo da operação policial de hoje. Nenhum foi localizado. Um deles é o agente penitenciário David Moreira da Silva, que teria sido contratado por Vinícius para executar Anselmo. Para realizar o homicídio, David teria contratado Noé Alves Shaun, que realizou o assassinato. Nossa reportagem não conseguiu ter acesso à defesa de David.

Noé matou Anselmo, mas sem saber que ele era influente dentro do crime organizado de São Paulo. Noé acreditava que Magrelo era apenas um empresário que estaria tentando extorquir dinheiro de Gritzbach. Após o homicídio, a chefia do PCC descobriu que o executor de Anselmo era Noé e não o perdoou. Noé foi morto 20 dias após o homicídio de Anselmo.
O terceiro alvo, Danilo Lima de Oliveira, o Danilinho ou Tripa, é ligado a Anselmo. Ele seria um dos responsáveis pelo sequestro de Vinícius. Danilo é um empresário do ramo do futebol e sócio de uma agência de atletas de renome. Ele também está foragido. Nossa reportagem não conseguiu ter acesso à defesa de Danilo.

Danilo Lima de Oliveira é empresário do ramo de futebol

DANILO LIMA DE OLIVEIRA É EMPRESÁRIO DO RAMO DE FUTEBOL

DIVULGAÇÃO

Robinson Granger de Moura, vulgo Molly, o quarto alvo da operação, é investigado por ajudar a lavar o dinheiro de Anselmo, sendo dono de uma hamburgueria no Tatuapé, na zona leste da capital. Também não foi encontrado pela polícia na manhã desta segunda-feira. Nossa reportagem não conseguiu ter acesso à defesa de Robinson.

O último alvo é Rafael Maeda Pires, o Japa. Ele é investigado pela polícia por realizar serviços financeiros para Anselmo. Ainda de acordo com a polícia, desempenhava a mesma função de Wagner Ferreira da Silva, o Cabelo Duro, que foi assassinado no final de fevereiro de 2018, após ter matado, no Ceará, Rogério Jeremias de Simone, o Gegê do Mangue, e Fabiano Alves de Sousa, o Paca. Nossa reportagem não conseguiu ter acesso à defesa de Rafael.

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out 19 2016
Cayó el hijo de mega estafador brasileño atrapado en julio por la Policía de Maldonado

El hijo de un estafador brasileño atrapado el pasado mes de julio por investigadores del Distrito 2 de la Policía de Maldonado, cayó en la ciudad de Minas, y junto a su pareja (uruguaya) fue trasladado a Maldonado. Terminó procesado por reiterados delitos de estafa, pero por razones de salud cumple prisión domiciliaria.

El pasado mes de julio, la Justicia envió a prisión al ciudadano brasileño Aldo Sampaio Raggio, de 59 años de edad, como autor de reiterados delitos de estafa. Empero, tiempo después por razones de salud logró acceder al beneficio de la prisión domiciliaria.

Fijó domicilio en la ciudad de Minas, capital de Lavalleja, donde días atrás la Policía lo fue a “controlar” y no se encontraba. En ese momento se detectó la presencia de otros familiares, algunos de los cuales estaban requeridos por investigadores del Distrito 2 de la Policía de Maldonado.

Con orden Judicial, los investigadores se hicieron presentes en la ciudad de Minas, donde fue detenido el hijo de Aldo, Renato Sampaio Raggio, de 34 años, quien estaba requerido junto a otros miembros de la familia. También fue detenida la esposa de este último, una uruguaya.

 

Trasladados a Maldonado y tras ser interrogados por la Policía, fueron conducidos ante el titular del Juzgado Penal de 2° Turno. El magistrado, procesó con prisión a Renato Carlos Sampaio Raggio, por la presunta comisión de reiterados delitos de estafa en calidad de co autor.

Sin embargo, no fue alojado en un establecimiento carcelario, sino que por certificado médico forense que confirma que padece problemas de salud, cumplirá al menos por el momento prisión domiciliaria, y volvió a la ciudad de Minas donde fijó domicilio su padre.

La esposa de Renato Carlos Sampaio, la uruguaya identificada como A.C.G., fue procesada sin prisión por la presunta comisión de un delito de falsificación de cédulas de identidad. Como medida sustitutiva, debe cumplir arresto domiciliario nocturno por 90 días, de 20.00 a 7.00 horas.

La pareja tiene dos pequeños hijos de 3 y 9 años que también poseerían cédulas de identidad a partir de nombres falsos. La Justicia, espera ahora datos del Registro Civil para saber como lograron los distintos integrantes de esta familia, obtener documentación uruguaya.

Entre tanto, se ordenó el cierre de fronteras para Aldo y Renato Sampaio Raggio, así como para A.C.G., si intentan salir de Uruguay tanto con sus nombres reales como con los apócrifos que usaban: Luis Henrique Santos y Leomar Alves Pereira Dos Santos, respectivamente.

La punta

El martes 5 de julio del corriente año, el padre del ahora procesado, Aldo Sampaio Raggio, de 59 años de edad, fue procesado con prisión como autor de reiterados delitos de estafa, aunque no hubo ninguna imputación por la utilización de documentos falsos de otro país.

Meses antes, llegó a Punta del Este y a través de un tercero, se acercó a un pae y su esposa mae, con la intención de someter a un tratamiento a su hijo que padecería una grave enfermedad. Se trataba de Renato Sampaio, quien también utilizaba documentos falsos.

Aldo Sampaio, bajo el nombre de Luis Henrique Gonçalves, paulatinamente se fue ganando la confianza del matrimonio, al que convenció de que era capaz de iniciarlo en provechosos proyectos comerciales. Siempre vestido de traje y corbata, y usando sombrero, fue logrando su objetivo.

La pareja, tomó préstamos bancarios, vendió su coche y hasta le pidió dinero prestado a amigos, para entregárselo al estafador brasileño, quien iniciaría los trámites para poner en marcha 4 proyectos en el área de la vestimenta, un centro de alto rendimiento y otro en el sector inmobiliario.

En distintos encuentros, celebrados en los hoteles Conrad de Punta del Este y Sheraton de Montevideo, la pareja le entregó mediante varias partidas, unos US$ 30.000. Pae y mae, desconfiados porque no surgían avances de los proyectos, radicaron una denuncia.

Con orden Judicial, un equipo encubierto de investigadores de Maldonado, viajó a Montevideo, donde el pae y la mae se encontrarían con Aldo Sampaio Raggio para entregarle otra importante suma de dinero. Allí cayó el estafador brasileño que fue trasladado a Maldonado.

Además, la Policía le incautó 3 documentos diferentes falsificados, y 3 teléfonos celulares. Aunque en primera instancia quiso negar su verdadera identidad, un cúmulo de pruebas en su contra terminó con la elevación de los antecedentes a la Jueza Penal de 4° Turno.

En tanto, la Policía intentó ubicar a su hijo Renato Sampaio -o Leomar Santos-, a su esposa que es uruguaya, y a un hermano. Todos integraban una banda que habría cometido infinidad de estafas millonarias tanto en Brasil como en Argentina, según pudo saber MaldonadoNoticias.

Paralelamente, la Justicia analizó otras dos denuncias por presuntas estafas cometidas por estos individuos. Aldo Sampaio se había presentado como el propietario de una pequeña empresa constructora. Su esposa, su hermano y el hijo quedaron requeridos por las mismas maniobras.

Una de las denuncias fue radicada por una mujer, que le entregó al estafador US$ 5.000 con la promesa de instalarle en la ciudad de Pando, Canelones, una fábrica de jeans; la otra, fue presentada por un hombre de Piriápolis que le entregó US$ 13.000 para un emprendimiento inmobiliario.

En Brasil

En mayo de 2014, Aldo Sampaio Raggio fue detenido por la Policía Civil brasileña, portando documentos falsificados y en posesión de un arma de fuego de uso restringido. También fueron detenidos su hijo Renato Sampaio y su hermano Attilio Renato Sampaio.

Asimismo, fue investigada la esposa de Aldo Sampaio, que es uruguaya. Todos integraban una banda de estafadores que se había especializado en convencer con gran astucia a empresarios e inversores de Uruguayana, quienes también perdieron decenas de miles de dólares.

El cabecilla de la organización tenía orden de captura por homicidio, y en su país, también presentaba documentos a nombre de Luiz Enrique Gonçalves o Luiz Henrique Gonçalves. Aseguraba tener una gran influencia en el Banco Nacional de Desarrollo (BNDES) del vecino país del Norte.

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nov 17 2015
Saiba quem é quem no esquema que teria desviado R$ 101 milhões do Estado

Os presos são acusados de envolvimento em um esquema de desvio de dinheiro público do governo do Estado de Mato Grosso, por meio do sistema eletrônico disponibilizado pelo Banco do Brasil, BB-Pag

30 pessoas tiveram mandados de prisão temporária cumpridos na operação “BB Pag”, deflagrada pela Delegacia Especializada de Crimes Fazendários e Contra a Administração Pública (Defaz), da Polícia Judiciária Civil, na manhã de quinta-feira (15.10). A operação foi desencadeada com o objetivo de dar cumprimento de 78 ordens judiciais, sendo 34 mandados de prisão e 44 busca e apreensão, na capital e interior do Estado e nas cidades de Tubarão (SC) e Soledade (RS).

Segundo a delegada, Cleibe Aparecida de Paula, existe a possibilidade de que os foragidos se apresentem na delegacia acompanhado de advogados até a próxima semana.

Os presos são acusados de envolvimento em um esquema de desvio de dinheiro público do governo do Estado de Mato Grosso, por meio do sistema eletrônico disponibilizado pelo Banco do Brasil, BB-Pag. Quatro suspeitos de participação na fraude continuam foragidos.

Em Cuiabá, as buscas foram realizadas nas empresas: Assinter, Sintomat, LCA Fomento, Assut e Deville Empreendimentos Imobiliários. Na cidade de Primavera do Leste, dois mandados de buscas e apreensão foram cumpridos na casa e no escritório de contabilidade do investigado, Giovani Dadalt. Um mandado de prisão foi cumprido em uma empresa do suspeito em Tubarão, SC, e em Soledade, RS, a mãe e a tia do suspeito tiveram mandado de prisão cumpridos.

 

 

CONFIRA QUEM É QUEM NO ESQUEMA

O mandado de prisão expedido contra 34 pessoas, pela juíza  Selma Rosane Arruda, da Sétima Vara Criminal de Cuiabá, expõe quem são e qual a participação de cada acusado de envolvimento no esquema que teria causado um rombo de R$ 101.123,118,61 na Conta única do Estado no ano de 2012.

Juércio Antônio Marque – foi presidente da Coopercon 2005-2011,  período em que se apurou a saída de R$ 14.947.851,52 dos valores recebidos indevidamente do Estado. É sócio proprietário das empresas INDATEC e Instituto Baguari (sócio de José Ribeiro Neto e Wockton Santos Pereira). A IMDATEC recebeu indevidamente do Estado de Mato Grosso em 2008 o montante de R$ 2.446.173,00, ao passo que o Instituto Baguari, entre os anos de 2009 e 2010, recebeu indevidamente do Estado de Mato Grosso o valor de R$ 740.675,00, além de ter recebido indiretamente em seu nome, oriundo da COOPERCON, o valor de R$ 18.833,92.

Plínio Alexandre de Amorim Marques – é sócio das empresas Central Assessoria de Treinamento LTDA e IND. COM. Espumas e Colchões Cuiabá LTDA. Recebeu da LD Fomento Mercantil os valores de R$ 50.000,00 e R$ 54.000,00 em nome de suas empresas.

Néia Araujo Marques –  também sócia das empresas Central Assessoria de Treinamento LTDA e IND. COM. Espumas e Colchões Cuiabá LTDA. Recebeu R$ 50.000,00 da LS Fomento Mercantil em nome da Central Assessoria de Treinamento LTDA. Recebeu da LD Fomento Mercantil em nome da IND. COM. Espumas e Colchões Cuiabá LTDA R$ 54.000,00, bem como recebeu em seu próprio nome o valor de R$ 40.000,00, oriundo da Coopercon.

Wockton Santos Pereira – sócio na empresa Instituto Baguari, , entre o anos de 2009 e 2010 recebeu indevidamente do Estado o valor de R$ 740.675,00.

José Ribeiro Neto – sócio na empresa Instituto Baguari a qual, entre o anos de 2009 e 2010 recebeu indevidamente do Estado o valor de R$ 740.675,00.

Claumir Tomazi – foi cooperado e membro do conselho fiscal da Coopercon nos períodos 09/2005 à 03/2006 e 03/2007 à 03/2010. Figura como sócio proprietário da empresa Agropecuária Trincheira. Claumi recebeu da Coopercon os valores de R$ 75.000,00. Recebeu da LD Fomento em nome da Agropecuária Trincheira R$ 235.439 entre os anos de 2009 e 2010. Recebeu por meio de transferência eletrônica R$ 96.400,00 da LD Fomento em nome da Agropecuária Trincheira. Recebeu do Siec R$ 30.000,00, no ano de 2009, em nome da Agopecuária Trincheira. Recebeu um depósito em dinheiro no valor de R$ 1.518.044,89 no dia 02/02/2004. Recebeu vários valores acima de R$ 10.000,00, sendo o total de R$ 215.523.86 oriundos de sua ex-esposa Rosa de Canto Melo, entre os anos de 2008 e 2010, e R$ 150.000,00 de sua própria pessoa. Transferiu de suas contas, somente no mês de agosto de 2004, a quantia de R$ 555.600,00. Recebeu em seu nome 10 cheques oriundo de Lucival Candido Amaral no Total de R$ 129.997,27.

Rosa de Castro Melo – ex-esposa de Claumir Tomazi. Recebeu da Coopercon R$ 20.000,00. Recebeu três cheques oriundos da LD Fomento Mercantil, no valor de R$ 88.306,00, dinheiro com o qual adquiriu um veículo Corolla XLIA/T MY 10, cor prata, com o cheque de nº 1419, conta 19711, agência 1966, no valor de R$ 63.500,00, cheque este oriundo da empresa de fomento de Lucival Candido Amaral.

Victor Castro Tomazi – filho de Claudir Tomazi. Recebeu um cheque oriundo da LD Fomento Mercantil no valor de R$ 1.800,00.

Elaine Cristina Batista Tomazi – atual esposa de Claumir. Recebeu dois cheques no total de R$ 9,400,00, oriundos de Lucival Candido Amaral.

Ari Lindemann Junior – sócio na empresa Agropecuária Trincheira. Recebeu 3 cheques oriundo das casa de fomento de Lucival Candido Amaral no valor de R$114.439,00. Recebeu da LD Fomento em nome da Agropecuária Trincheira R$ 25.439,00, entre os anos de 2009 e 2010. Recebeu, por meio de transferência eletrônica, R$ 96.400,00 da LD Fomento em nome da Agropecuária Trincheira. Recebeu do Siesc R$ 30.000,00 no ano de 2009 em nome da Agropecuária Trincheira.

Adauri Angelo da Silva – esposo de Terezinha Dias da Silva, autorizou o pagamento de despesas no valor de R$ 10.263,33 destinados de forma indevida para a de Ville Empreendimentos.

Alex Angelo Dias da Silva – filho de Adauri Angelo e Terezinha Das da Slva, proprietário da empresa A. A. Dias da Silva LTDA ME. Recebeu três cheques de Lucival Candido do Amaral no total de R$ 110.00,00. Recebeu, em nome da empresa A. A. Dias da Silva ME, o valor de R$ 125.000,00 oriundo da LCA Fomento Mercantil.

Terezinha Dias da Silva – recebeu R$ 278.661,00 oriundos da Assut. Recebeu, através da de Ville Empreendimentos, R$ 93.219,00 da LD Fomento Mercantil. Recebeu Através da De Ville Empreendimento R$ 181.000,00 da LCA Fomento Mercantil. Recebeu, através da De Ville empreendimentos, R$ 28.000,00 da Coopercon. Recebeu, através da De Ville Empreendimentos, R$ 40.263,00 pagos indevidamente pela SEDUC através da liquidação e empenho efetuados por Adauri Angelo da Silva.

Evanildes Dias Leite – recebeu R$ 278.661,00 oriundos da Assut. Recebeu, através da De Ville Empreendimentos, R$ 93.219,00 da LD Fomento Mercantil. Recebeu, através da De Ville Empreendimento, R$ 181.000,00 da LCA Fomento Mercantil. Recebeu, através da De Ville Empreendimento, R$ 28.000,00 da Coopercon. Recebeu, através da De Ville Empreendimentos R$ 40.263,33 para indevidamente pela SEDUC, por meio da liquidação e empenho efetuados por Adauri Angelo da Silva, esposo da sócia Terezinha da Silva. Recebeu o valor de R$ 5.620,00, oriundo da de Lucival Candido Amaral na forma de cheque.

Marco Paolo Picone – atuava com Claumir Tomazi realizando depósitos nas contas de sua empresa GPS, bem como indicou a Claumir a ASSUT para recebimento de valores indevidos do Estado. Recebeu, em seu nome, o valor de R$ 139,694,00, oriundo da LD Fomento Mercantil. Recebeu, em seu nome, 11 cheques oriundo de Lucival Candido Amaral no total de R$ 209.112,00. Recebeu R$ 90.000,00 em nome de sua empresa Gás Natural Veicular Com. E Servi. LTDA.

Gleice Pinto da Silva Picone – esposa de Marco Paolo e sócia da empresa GPS Comércio e Serviços LTDA. Recebeu, em seu nome, 06 cheques oriundo de Lucival Candido Amaral no total de R$ 159.731,51. Recebeu, em nome da GPS Comercio e Serviços LTDA, R$ 131.000,00 oriundos da LD Fomento Mercantil. Recebeu, em nome da GPS Comércio e Serviços LTDA. Diversos valores oriundo da Assut, totalizando R$ 1.139.213,11. Recebeu, em nome da GPS Comercio e Serviços, um cheque oriundo de Lucival Candido Amaral no valor de R$ 125.000,00.

Marco Paolo Picone Junior – filho de Marco Paole Picone, sócio da empresa GPS Comercio e Serviços LTDA. Recebeu, sem seu nome, dois cheques de Lucival Candido Amaral no valor de R$ 7.694,00. Recebeu, em seu nome, R$ 144.800,00 oriundo da Assut. Recebeu, em nome da empresa GPS Comércio e Serviços LTDA, R$ 131.000,00 oriundos da LD Fomento Mercantil. Recebeu, em nome da GPS Comércio e Serviços LTDA, diversos valores oriundos da Assut, totalizando R$ 1.139.213,11. Recebeu, em nome da GPS Comércio e Serviços, um cheque oriundo de Lucival Candido Amara, no valor de R$ 125.000,00.

Lucival Candido Amaral – proprietário das empresas LD Fomento Mercantil e LCA Fomento Mercantil, procurado por Marco Paolo Picone e manda de Claumir Tomazi para fazer parte de transações financeiras ilícitas, usando suas empresas de factoring como fachada. Recebeu, em seu nome, R$ 48.535,00 oriundo da Assut. Recebeu, em seu nome, R$ 15.066,00 oriundo da GPS. Recebeu , em nome da LD Fomento Mercantil, R$ 16.870.308,99 oriundo do Governo do Estado de Mato Grosso. Recebeu, em nome da LC Amaral Fomento, R$ 9.744.435,47 oriundo do Governo do estado de Mato Grosso. Recebeu, em nome da LAC Comercio e Serviços, R$ 53,420 oriundo da Assut.

Djalma José Alves Neto – filho de Lucival Candido Amaral e sócio da empresa LD Fomento Mercantil LTDA. Recebeu, através da LD Fomento Mercantil LTDA, valor de R$ 16.870.308,99. Recebeu valores significativos acima de R$ 10.000,00 em sua conta, totalizando o montante de R$ 297.575.00.

Marleide Oliveira Carvalho – o relatório de auditoria n. 048/2015 descortinou que, nos exercícios de 2004, 2005, 2008, 2009, a Assut recebeu indevidamente do Poder Executivo do Estado o montante de R$ 5.676.960,29. Relacionados ao Siesc se encontra a pessoa de Marleide de Oliveira Carvalho, presidente da Assut. Recebeu, em nome da Assut, R$ 5.676.960,29.

Alexandre Anderson Carneiro – foram detectados no relatório de auditoria da CGE, quatro pagamento pontuais à SIESC nos meses de junho a setembro de 2009, cujos valores totalizaram o montante de R4 386.370,68. Na época figurava como proprietário do SIESC a pessoa de Alexandre Anderson , que além de receber em nome da pessoa jurídica o valor citado também recebeu R$ 25.000,00, em seu nome, oriundo do SIESC.

João Pires Modesto – presidente da Assim entre 2005 e 2008, recebeu R$ 1.500,00 de Gabriel Nogueira Marqueto. Recebeu R$ 5.500,00 de Gabriel Nogueira Marqueto. Recebeu R$ 1.680,00 de Silvio da Silva Rondon. Recebeu de 2003 a 2010 o montante de R$ 83.808,84 oriundos de depósitos em dinheiro, em cheque on line, sem identificação de origem.

Gabriel Nogueira Marqueto – tesoureiro da ASSIM. Constatou-se lançamento de créditos em suas contas no total de R$ 5.205.821,45. Recebeu R$ 15.005,00 de Silvio da Silva Rondon. Recebeu entre os anos de 2003 e 2010 R$ 450.854,26 oriundos da ASSINS. Recebeu entre os anos 2003 a 2001 o montante de R$ 1.853.142,25 oriundo de depósito em dinheiro em cheque online, sem identificação da origem, destacando-se o depósito no valor de R$ 1.000.000,00.

Silvio da Silva Rondon – servidor do INDEA, constatou-se lançamentos de créditos em suas notas no total de R$ 4.085.765.32. Recebeu R$ 467.001,25 oriundos de Gonçalo Rodrigues de Almeida. Recebeu R$ 11.550,00 de Gabriel Nogueira Marqueto. Recebeu R$ 32.506,58 da ASSIM. Recebeu R$ 1.875,00 de João Pires Modesto Filho. Recebeu entre os anos de 2003 e 2011, o montante de R$ 769.833,56 oriundo de depósitos em dinheiro, online e depósito poupança sem identificação da origem, bem como recebeu o valor de R$ 111.125,35, referente a depósitos em cheques igualmente sem identificação de origem.

Waldir Aparecido Taques – presidente da ASSINTER entre 2004 a 2012. Recebeu da ASSINTER R$ 22.184,00.

Clarisse Aparecido Schmitt Basso – secretária da ASSINTER, recebeu R$ 8.795,00 oriundos da ASSINTER.

Rafaela Schimitt Basso – filha de Clarisse Basso, recebeu nos anos de 2010 a 2011, o valor total de R$ 187.610,01, em repasses mensais e recorrentes no valor médio de R$ 2.000,00.

Gonçalo Rodrigues de Almeida – contador da ASSIM, ASSINTER, SITOMAT e SINTAP. Recebeu R$ 6.639.566,00 da Associação dos Servidores do INTERMAT, conta corrente 16.241, agência 2960, Banco do Brasil. Recebeu R$ 1.020.181,00 do SINTAP, através da conta corrente 10.443-4, agência 2960, Banco do Brasil e conta corrente 377686, agencia 1461, banco 237. Movimentou o montante de R$ 4.891.817,75 recebido na conta corrente 377686, agência 1461, Banco Bradesco em nome da SINTAP.

Antônio Marques de Pinho – presidente do SITOMAT entre 2004 a 2012. Recebeu R$ 42.250,00 oriundo do SITOMAT. 

Marinete Ferreira Alves – esposa de Antônio Marque de Pinho, recebeu R$ 449.320,00 do SITOMAT.

Celso Alves Pinho – filho de Antônio Marque e Marinete, recebeu R$ 99,857,88 do SITOMAT.

Neida Terezinha Dadalt, Isabel de Fátima Dadalt e Giovani Dadalt Crespani – a empresa Boa Fomento Mercantil recebeu indevidamente do Governo do Estado de Mato Grosso, no exercício 2011, o valor de R$ 2.381.578,37. Em análise às entradas de recurso na entidade no período de 2009 a 2001, cujo montante foi de R$ 62.727.237,09, observou-se que, após o início dos pagamentos indevidos do Estado, houver considerável crescimento dos ingressos.  

Operação BB-Pag

A operação foi deflagrada com objetivo concluir as investigações iniciadas no ano de 2012, destinadas a apurar o vultoso desvio de dinheiro público do governo do Estado de Mato Grosso por meio do sistema eletrônico disponibilizado pelo Banco do Brasil denominado BBPAG, que teria causado um rombo de R$ 101.123.118,61 aos cofres públicos.

O desvio de dinheiro público do Estado teria ocorrido por meio do sistema eletrônico disponibilizado pelo Banco do Brasil denominado BBPAG, que teria causado um rombo de R$ 101.123.118,61 aos cofres públicos.

Quando a fraude veio à tona, a Delegacia Fazendária deflagrou a operação “Vespeiro”, que resultou na prisão de 43 pessoas envolvidas no esquema relativo somente ao envolvimento de pessoas físicas, que na ocasião foi mensurado em mais de R$ 16 milhões.

Com o apoio da Controladoria Geral do Estado, se apurou que os desvios iam muito além daquele valor e que teriam sido efetuados em benefício de 12 pessoas jurídicas, dentre cooperativas, associações, sindicatos e empresas privadas. Assim, nova investigação foi instaurada visando apurar os recebimentos por essas pessoas jurídicas de desvios de mais de R$ 85 milhões.

Participaram da operação policiais civis da Gerencia de Combate ao Crime Organizado (GCCO); Gerência de Operações Especiais (GOE); Delegacia Especializada do Meio Ambiente (Dema); Delegacia de Repressão a Entorpecente (DRE); Gerência Estadual de Polinter; Delegacia de Homicídio e Proteção a Pessoa (DHPP); Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores (DERRFVA); Delegacia do Consumidor (Decon); Delegacia de Várzea Grande; Delegacia de Primavera do Leste; além da colaboração das Policiais Civis das cidades de Tubarão (SC); e Soledade (RS).

O trabalho está inserido na operação da Segurança Pública “Karcharias”, deflagrada pela Polícia Civil de combate aos crimes de corrupção, contra a administração pública e tributários.

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