Caso Ouro Verde II: oito réus são condenados a mais de 90 anos de prisão por fraudar comércio de madeira no PA

A Justiça Federal aplicou penas que ultrapassam 90 anos de prisão a oito réus denunciados pelo Ministério Público Federal (MPF) por envolvimento em fraudes na comercialização de madeira descobertas na Operação Ouro Verde II, realizada pela Polícia Federal e outros órgãos em junho de 2007, no Pará.

Na sentença, assinada no dia último dia 10 e divulgada nesta segunda-feira (16), o juiz federal Rubens Rollo D’Oliveira, da 3ª Vara Federal em Belém, especializada no julgamento de ações criminais, condenou José Roberto Farias da Silva e Alisson Ramos de Moraes à pena de 19 anos e cinco meses cada um. Raphaela Correa dos Santos e Carlos Henrique Oliveira foram punidos, respectivamente, com 16 anos e oito meses e dez anos de reclusão.

O magistrado sentenciou ainda Miguel Márcio Moreno D’Agostino e Kelly Cristina Barra Correia a oito anos e quatro meses cada, Carlos André Ferreira dos Santos a seis anos e Luiz Carlos Araújo Arthur a cinco anos. Dos oito réus, os dois últimos são os únicos que deverão cumprir pena em regime semiaberto, enquanto os outros deverão ficar em regime fechado. Da sentença ainda cabe recurso ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em Brasília (DF).

O principal objetivo da organização criminosa, conforme a denúncia do MPF, era o enriquecimento criminoso de seus integrantes e a exploração irracional de recursos florestais que causou danos ao meio ambiente, por meio de fraudes no Documento de Origem Florestal (DOF), emitido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). O documento representa a licença obrigatória para o controle do transporte e armazenamento de produtos florestais.

Segundo o MPF, a fraude consistiu em várias inserções de dados falsos no sistema DOF, gerido pelo Ibama, e posteriormente no sistema Sisflora, de responsabilidade da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente (Sectam), para criar créditos irreais em favor de diversas empresas, inclusive “fantasmas”, possibilitando, mediante acesso ao Cadastro Técnico Federal (CTF), a transferência de créditos para “clientes” da organização.

Desmatamento – O MPF informou ainda que outro modo de atuação da organização criminosa foi a utilização do “ajuste” de créditos sem prévio procedimento administrativo, resultando no lançamento de créditos no banco de dados do sistema virtual do DOF. Com essas condutas, possibilitou-se a emissão irregular de inúmeros DOFs com a finalidade de dar aparência de legalidade ao transporte de madeira e carvão, provenientes de desmatamento ilegal realizado na Região Amazônica.

Na sentença, Rollo destaca que um relatório de fiscalização do Ibama registra que somente uma empresa, a J. O. Lima & Cia. Ltda – EPP, emitiu em apenas cinco dias 18.792 DOFs, equivalentes à venda de 600 mil metros cúbicos de madeiras extraídas ilegalmente. Em decorrência desse fato, foi determinado o bloqueio judicial do sistema DOF para impedir o acesso por parte das empresas compradoras e, deste modo, cessar a atividade ilícita.

Mesmo assim, segundo a sentença, descobriu-se que algumas empresas compradoras reativaram indevidamente suas “contas” perante o Ibama, utilizando senha pessoal de servidores públicos, para enviar e/ou receber os produtos florestais. Para tanto, contaram com o auxílio de hackers e também realizaram grande movimentação financeira com a venda ilícita dos créditos virtuais.

A decisão destaca que, considerando os documentos apreendidos, os levantamentos feitos pelo Ibama, os depoimentos policiais e as interceptações telefônicas, a denúncia do MPF concluiu pela existência de dois grupos distintos de fraudadores, “sendo possível identificar seus organizadores, clientes, modo de atuação, além da distribuição das funções e, principalmente, que tinham em comum o uso de créditos fictícios criados em nome da pessoa jurídica J. O. Lima & Cia. Ltda. e o uso de senhas de servidores públicos do Ibama e Sectam”.

Processo nº 0000584-95.2007.4.01.3900 – 3ª Vara da Justiça Federal em Belém (PA)

Cayó el hijo de mega estafador brasileño atrapado en julio por la Policía de Maldonado

El hijo de un estafador brasileño atrapado el pasado mes de julio por investigadores del Distrito 2 de la Policía de Maldonado, cayó en la ciudad de Minas, y junto a su pareja (uruguaya) fue trasladado a Maldonado. Terminó procesado por reiterados delitos de estafa, pero por razones de salud cumple prisión domiciliaria.

El pasado mes de julio, la Justicia envió a prisión al ciudadano brasileño Aldo Sampaio Raggio, de 59 años de edad, como autor de reiterados delitos de estafa. Empero, tiempo después por razones de salud logró acceder al beneficio de la prisión domiciliaria.

Fijó domicilio en la ciudad de Minas, capital de Lavalleja, donde días atrás la Policía lo fue a “controlar” y no se encontraba. En ese momento se detectó la presencia de otros familiares, algunos de los cuales estaban requeridos por investigadores del Distrito 2 de la Policía de Maldonado.

Con orden Judicial, los investigadores se hicieron presentes en la ciudad de Minas, donde fue detenido el hijo de Aldo, Renato Sampaio Raggio, de 34 años, quien estaba requerido junto a otros miembros de la familia. También fue detenida la esposa de este último, una uruguaya.

 

Trasladados a Maldonado y tras ser interrogados por la Policía, fueron conducidos ante el titular del Juzgado Penal de 2° Turno. El magistrado, procesó con prisión a Renato Carlos Sampaio Raggio, por la presunta comisión de reiterados delitos de estafa en calidad de co autor.

Sin embargo, no fue alojado en un establecimiento carcelario, sino que por certificado médico forense que confirma que padece problemas de salud, cumplirá al menos por el momento prisión domiciliaria, y volvió a la ciudad de Minas donde fijó domicilio su padre.

La esposa de Renato Carlos Sampaio, la uruguaya identificada como A.C.G., fue procesada sin prisión por la presunta comisión de un delito de falsificación de cédulas de identidad. Como medida sustitutiva, debe cumplir arresto domiciliario nocturno por 90 días, de 20.00 a 7.00 horas.

La pareja tiene dos pequeños hijos de 3 y 9 años que también poseerían cédulas de identidad a partir de nombres falsos. La Justicia, espera ahora datos del Registro Civil para saber como lograron los distintos integrantes de esta familia, obtener documentación uruguaya.

Entre tanto, se ordenó el cierre de fronteras para Aldo y Renato Sampaio Raggio, así como para A.C.G., si intentan salir de Uruguay tanto con sus nombres reales como con los apócrifos que usaban: Luis Henrique Santos y Leomar Alves Pereira Dos Santos, respectivamente.

La punta

El martes 5 de julio del corriente año, el padre del ahora procesado, Aldo Sampaio Raggio, de 59 años de edad, fue procesado con prisión como autor de reiterados delitos de estafa, aunque no hubo ninguna imputación por la utilización de documentos falsos de otro país.

Meses antes, llegó a Punta del Este y a través de un tercero, se acercó a un pae y su esposa mae, con la intención de someter a un tratamiento a su hijo que padecería una grave enfermedad. Se trataba de Renato Sampaio, quien también utilizaba documentos falsos.

Aldo Sampaio, bajo el nombre de Luis Henrique Gonçalves, paulatinamente se fue ganando la confianza del matrimonio, al que convenció de que era capaz de iniciarlo en provechosos proyectos comerciales. Siempre vestido de traje y corbata, y usando sombrero, fue logrando su objetivo.

La pareja, tomó préstamos bancarios, vendió su coche y hasta le pidió dinero prestado a amigos, para entregárselo al estafador brasileño, quien iniciaría los trámites para poner en marcha 4 proyectos en el área de la vestimenta, un centro de alto rendimiento y otro en el sector inmobiliario.

En distintos encuentros, celebrados en los hoteles Conrad de Punta del Este y Sheraton de Montevideo, la pareja le entregó mediante varias partidas, unos US$ 30.000. Pae y mae, desconfiados porque no surgían avances de los proyectos, radicaron una denuncia.

Con orden Judicial, un equipo encubierto de investigadores de Maldonado, viajó a Montevideo, donde el pae y la mae se encontrarían con Aldo Sampaio Raggio para entregarle otra importante suma de dinero. Allí cayó el estafador brasileño que fue trasladado a Maldonado.

Además, la Policía le incautó 3 documentos diferentes falsificados, y 3 teléfonos celulares. Aunque en primera instancia quiso negar su verdadera identidad, un cúmulo de pruebas en su contra terminó con la elevación de los antecedentes a la Jueza Penal de 4° Turno.

En tanto, la Policía intentó ubicar a su hijo Renato Sampaio -o Leomar Santos-, a su esposa que es uruguaya, y a un hermano. Todos integraban una banda que habría cometido infinidad de estafas millonarias tanto en Brasil como en Argentina, según pudo saber MaldonadoNoticias.

Paralelamente, la Justicia analizó otras dos denuncias por presuntas estafas cometidas por estos individuos. Aldo Sampaio se había presentado como el propietario de una pequeña empresa constructora. Su esposa, su hermano y el hijo quedaron requeridos por las mismas maniobras.

Una de las denuncias fue radicada por una mujer, que le entregó al estafador US$ 5.000 con la promesa de instalarle en la ciudad de Pando, Canelones, una fábrica de jeans; la otra, fue presentada por un hombre de Piriápolis que le entregó US$ 13.000 para un emprendimiento inmobiliario.

En Brasil

En mayo de 2014, Aldo Sampaio Raggio fue detenido por la Policía Civil brasileña, portando documentos falsificados y en posesión de un arma de fuego de uso restringido. También fueron detenidos su hijo Renato Sampaio y su hermano Attilio Renato Sampaio.

Asimismo, fue investigada la esposa de Aldo Sampaio, que es uruguaya. Todos integraban una banda de estafadores que se había especializado en convencer con gran astucia a empresarios e inversores de Uruguayana, quienes también perdieron decenas de miles de dólares.

El cabecilla de la organización tenía orden de captura por homicidio, y en su país, también presentaba documentos a nombre de Luiz Enrique Gonçalves o Luiz Henrique Gonçalves. Aseguraba tener una gran influencia en el Banco Nacional de Desarrollo (BNDES) del vecino país del Norte.