TJ bloqueia bens de Cabral, Júlio Lopes e empresários por fraudes na Linha 4

O bloqueio foi baseado nas investigações que apontaram fraudes no contrato de implantação da Linha 4 do metrô

Rio – A Justiça do Rio bloqueou R$ 3,1 bilhões de bens do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral (PMDB), do ex-secretário de Transportes e deputado federal, Julio Lopes (PP), do ex-subsecretário de Turismo, Luiz Carlos Velloso, além de integrantes da diretoria da Riotrilhos, da Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes (Agetransp) e das empresas Rio-Barra (concessionária), Odebrecht, ZI-Participações, ZI-Gordo e Queiroz Galvão. O bloqueio foi baseado nas investigações que apontaram fraudes no contrato de implantação da Linha 4 do metrô.

O atual governador do Rio, Luiz Fernando Pezão (PMDB), o deputado estadual Carlos Osório (PSDB) – ex-secretário estadual de Transportes – e atual presidente da Agetransp, César Francisco Ferraz, também foram alvo de ação do Ministério Público para bloqueio de bens, mas a Justiça negou o pedido por considerar que os fatos apresentados não abrangem o período posterior à assinatura do Termo Aditivo 4, do qual participaram Pezão, Osório e Francisco Ferraz.

A decisão é da juíza Priscila Fernandes Miranda Botelho da Ponte, da 6ª Vara de Fazenda Pública da Capital. “Havendo indícios de irregularidades dos envolvidos e evidenciado o prejuízo à Administração, impõem-se as medidas necessárias para assegurar a futura reparação do dano, caso a obrigação venha a se confirmar”, justificou a magistrada em seu despacho.

Além dos bens em nome de Cabral, Julio Lopes e Velloso, foram tornados indisponíveis os bens de 13 integrantes da Riotrilhos e da Agência Reguladora de Transportes (Agetransp). São eles: Bento José de Lima, Tatiana Vaz Carius, Heitor Lopes de Sousa Junior, Ari Ferreira, Luiz Antonio Laranjeira Barbosa, Francisco Ubirajara Gonzales Fonseca, Carmen de Paula Barroso Gazzaneo, Isabel Pereira Teixeira, Francisco de Assis Torres, Marco Antônio Lima Rocha, Luiz Reis Pinto Moreira, Eduardo Peixoto d’Aguiar e João Batista de Paula Junior.

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Priscila da Ponte também determinou o bloqueio de 25% da renda mensal bruta obtida pelos consórcios Construtor Rio Barra e Linha 4 Sul, que atualmente administram e gerenciam a Linha 4 do metrô, e também de 3% da receita mensal líquida das construtoras Queiroz Galvão, Norberto Odebrecht, Carioca Engenharia, Servix Engenharia e Cowan. Mandados de penhora também foram expedidos determinando a indisponibilidade de 2% da receita mensal líquida da concessionária Rio Barra, Odebrecht Participações, ZI-Participações, ZI-Gordo e Queiroz Galvão Participações.

Cayó el hijo de mega estafador brasileño atrapado en julio por la Policía de Maldonado

El hijo de un estafador brasileño atrapado el pasado mes de julio por investigadores del Distrito 2 de la Policía de Maldonado, cayó en la ciudad de Minas, y junto a su pareja (uruguaya) fue trasladado a Maldonado. Terminó procesado por reiterados delitos de estafa, pero por razones de salud cumple prisión domiciliaria.

El pasado mes de julio, la Justicia envió a prisión al ciudadano brasileño Aldo Sampaio Raggio, de 59 años de edad, como autor de reiterados delitos de estafa. Empero, tiempo después por razones de salud logró acceder al beneficio de la prisión domiciliaria.

Fijó domicilio en la ciudad de Minas, capital de Lavalleja, donde días atrás la Policía lo fue a “controlar” y no se encontraba. En ese momento se detectó la presencia de otros familiares, algunos de los cuales estaban requeridos por investigadores del Distrito 2 de la Policía de Maldonado.

Con orden Judicial, los investigadores se hicieron presentes en la ciudad de Minas, donde fue detenido el hijo de Aldo, Renato Sampaio Raggio, de 34 años, quien estaba requerido junto a otros miembros de la familia. También fue detenida la esposa de este último, una uruguaya.

 

Trasladados a Maldonado y tras ser interrogados por la Policía, fueron conducidos ante el titular del Juzgado Penal de 2° Turno. El magistrado, procesó con prisión a Renato Carlos Sampaio Raggio, por la presunta comisión de reiterados delitos de estafa en calidad de co autor.

Sin embargo, no fue alojado en un establecimiento carcelario, sino que por certificado médico forense que confirma que padece problemas de salud, cumplirá al menos por el momento prisión domiciliaria, y volvió a la ciudad de Minas donde fijó domicilio su padre.

La esposa de Renato Carlos Sampaio, la uruguaya identificada como A.C.G., fue procesada sin prisión por la presunta comisión de un delito de falsificación de cédulas de identidad. Como medida sustitutiva, debe cumplir arresto domiciliario nocturno por 90 días, de 20.00 a 7.00 horas.

La pareja tiene dos pequeños hijos de 3 y 9 años que también poseerían cédulas de identidad a partir de nombres falsos. La Justicia, espera ahora datos del Registro Civil para saber como lograron los distintos integrantes de esta familia, obtener documentación uruguaya.

Entre tanto, se ordenó el cierre de fronteras para Aldo y Renato Sampaio Raggio, así como para A.C.G., si intentan salir de Uruguay tanto con sus nombres reales como con los apócrifos que usaban: Luis Henrique Santos y Leomar Alves Pereira Dos Santos, respectivamente.

La punta

El martes 5 de julio del corriente año, el padre del ahora procesado, Aldo Sampaio Raggio, de 59 años de edad, fue procesado con prisión como autor de reiterados delitos de estafa, aunque no hubo ninguna imputación por la utilización de documentos falsos de otro país.

Meses antes, llegó a Punta del Este y a través de un tercero, se acercó a un pae y su esposa mae, con la intención de someter a un tratamiento a su hijo que padecería una grave enfermedad. Se trataba de Renato Sampaio, quien también utilizaba documentos falsos.

Aldo Sampaio, bajo el nombre de Luis Henrique Gonçalves, paulatinamente se fue ganando la confianza del matrimonio, al que convenció de que era capaz de iniciarlo en provechosos proyectos comerciales. Siempre vestido de traje y corbata, y usando sombrero, fue logrando su objetivo.

La pareja, tomó préstamos bancarios, vendió su coche y hasta le pidió dinero prestado a amigos, para entregárselo al estafador brasileño, quien iniciaría los trámites para poner en marcha 4 proyectos en el área de la vestimenta, un centro de alto rendimiento y otro en el sector inmobiliario.

En distintos encuentros, celebrados en los hoteles Conrad de Punta del Este y Sheraton de Montevideo, la pareja le entregó mediante varias partidas, unos US$ 30.000. Pae y mae, desconfiados porque no surgían avances de los proyectos, radicaron una denuncia.

Con orden Judicial, un equipo encubierto de investigadores de Maldonado, viajó a Montevideo, donde el pae y la mae se encontrarían con Aldo Sampaio Raggio para entregarle otra importante suma de dinero. Allí cayó el estafador brasileño que fue trasladado a Maldonado.

Además, la Policía le incautó 3 documentos diferentes falsificados, y 3 teléfonos celulares. Aunque en primera instancia quiso negar su verdadera identidad, un cúmulo de pruebas en su contra terminó con la elevación de los antecedentes a la Jueza Penal de 4° Turno.

En tanto, la Policía intentó ubicar a su hijo Renato Sampaio -o Leomar Santos-, a su esposa que es uruguaya, y a un hermano. Todos integraban una banda que habría cometido infinidad de estafas millonarias tanto en Brasil como en Argentina, según pudo saber MaldonadoNoticias.

Paralelamente, la Justicia analizó otras dos denuncias por presuntas estafas cometidas por estos individuos. Aldo Sampaio se había presentado como el propietario de una pequeña empresa constructora. Su esposa, su hermano y el hijo quedaron requeridos por las mismas maniobras.

Una de las denuncias fue radicada por una mujer, que le entregó al estafador US$ 5.000 con la promesa de instalarle en la ciudad de Pando, Canelones, una fábrica de jeans; la otra, fue presentada por un hombre de Piriápolis que le entregó US$ 13.000 para un emprendimiento inmobiliario.

En Brasil

En mayo de 2014, Aldo Sampaio Raggio fue detenido por la Policía Civil brasileña, portando documentos falsificados y en posesión de un arma de fuego de uso restringido. También fueron detenidos su hijo Renato Sampaio y su hermano Attilio Renato Sampaio.

Asimismo, fue investigada la esposa de Aldo Sampaio, que es uruguaya. Todos integraban una banda de estafadores que se había especializado en convencer con gran astucia a empresarios e inversores de Uruguayana, quienes también perdieron decenas de miles de dólares.

El cabecilla de la organización tenía orden de captura por homicidio, y en su país, también presentaba documentos a nombre de Luiz Enrique Gonçalves o Luiz Henrique Gonçalves. Aseguraba tener una gran influencia en el Banco Nacional de Desarrollo (BNDES) del vecino país del Norte.

Polícia pede conversão de prisão temporária para preventiva de dono de clínica onde interno morreu com sinais de agressão

Polícia Civil cumpriu mandado de prisão temporária contra Ueder Santos de Melo no dia 19 de outubro. Onésio Ribeiro Pereira Júnior, de 38 anos, morreu no dia 25 de setembro após ser agredido na Comunidade Terapêutica Kairos Prime. Cinco funcionários foram presos.

A Polícia Civil pediu à Justiça a conversão da prisão temporária para preventiva contra o dono da clínica Comunidade Terapêutica Kairos Prime, em Embu-Guaçu, após a morte do interno Onésio Ribeiro Pereira Júnior, de 38 anos, no dia 25 de setembro.

Ueder Santos de Melo, que tem passagem por roubo, passou a ser investigado pela responsabilidade criminal na morte de Onésio. Ele foi preso no dia 19 de outubro.

Cinco funcionários, entre 26 e 65 anos, foram presos em setembro suspeitos de agredir o interno até a morte com objetos de madeira.

Em outubro, o delegado Júlio César de Almeida Teixeira, informou à reportagem que a prisão de Ueder foi motivada após indícios no inquérito policial apontarem de que ele tem responsabilidade e culpabilidade na morte da vítima. Os indícios não foram divulgados à reportagem.

Durante o cumprimento do mandado foram encontradas diversas armas de fogo com Ueder, todas com registros de CAC.

Ainda conforme a polícia, também foram cumpridos mandados de busca e apreensão em outros endereços relacionados ao empresário.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou nesta terça-feira (14) que o inquérito policial foi relatado na última semana, com a representação pela prisão preventiva do indiciado. “A autoridade policial aguarda a decisão judicial”, diz o órgão.

Em setembro, Ueder comentou sobre a morte do interno ao g1, por telefone.

“Desligamento total dos funcionários e a Justiça está apurando os fatos. Estou total à disposição da polícia. A unidade nasceu em 2022. É uma unidade nova. Agora, minha preocupação é orientar as famílias. Nunca foi da nossa política ter agressão. Nunca vi como gestor acontecer algo, como muitos estão dizendo. Seria o primeiro a fazer denúncia se visse algo”, afirmou, na época.

A morte de Onésio foi a segunda registrada este ano na clínica Kairos. Em março, um jovem de 27 anos foi achado com marcas de agressão no pescoço. Três pessoas foram presas na época.

O Ministério Público disse que já tinha feito um pedido de fiscalização à Vigilância Sanitária de Embu-Guaçu para verificar a regularidade da clínica.

Segundo o MP, logo após a morte do paciente em março, a promotoria solicitou durante o inquérito policial, em 10 de abril, informações por parte da Vigilância Sanitária local sobre a regularidade da clínica após ciência de provável homicídio.

Ainda de acordo com a promotoria, também foi enviado um ofício à Vigilância Sanitária em 21 de julho deste ano após o MP ser informado de possíveis maus-tratos praticados por funcionários da clínica.

A reportagem do g1 questionou a prefeitura, que afirmou que “em 25 de maio indeferiu o alvará de funcionamento da clínica por falta de alvará da Vigilância Sanitária e de outros documentos, evidenciando que a clínica estava operando em condições irregulares”.

Sobre a informação de morte no mesmo local em março, a Prefeitura afirma que só teve conhecimento do ocorrido em 26 de setembro por meio do Ofício nº 705/202 da Polícia Civil de Embu-Guaçu.

Agressões

Na declaração de óbito, segundo apurado pela TV Globo, consta que Onésio Ribeiro Pereira Júnior sofreu hemorragia subdural disfusa traumática, traumatismo crânio e cefálico e traumatismo raque medular.

“Testemunhas contaram que a vítima já estava usando camisa de força quando, então, os indivíduos, esses administradores da clínica, iniciaram uma sessão de pancadaria, agressões contra a vítima que, segundo essas testemunhas, eram costumeiramente realizadas com barras de ferro, pés de mesa, tacos de sinuca e cabeceira de uma cama”, afirmou o delegado Júlio Cesar de Almeida Teixeira.

“As lesões que nós encontramos no corpo da vítima não são passíveis de ser imputadas como lesões de fuga. São claramente lesões praticadas por instrumentos contundentes”.
Interdição
Após a morte de Onésio, a clínica de reabilitação foi interditada pela prefeitura no dia 26 de setembro por falta de alvará.

Em nota, a prefeitura informou que, após uma inspeção da fiscalização sanitária, foi verificada a irregularidade do espaço e, por isso, foi determinada a interdição.

Ainda conforme o Executivo municipal, uma avaliação dos medicamentos presentes no local será feita, solicitando as respectivas receitas.

Questionada sobre a clínica ter CNPJ ativo desde 2022, a prefeitura esclareceu que o processo de fiscalização é acionado por meio de denúncias ou quando o estado informa a existência de clínicas que precisam ser verificadas.

“No caso da clínica Projeto Kairos, um fator relevante foi a ausência de sinalização, o que tornou a clínica discreta e, consequentemente, passou despercebida pelas autoridades, operando clandestinamente”, disse a prefeitura.

Ao g1 e à TV Globo, o diretor da clínica, Ueder Santos de Melo, alegou que estava em processo de regularização e que tinha protocolado todos os documentos solicitando o alvará.

Morte de interno e prisão de funcionários

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), guardas civis realizavam patrulhamento de rotina, quando foram informados de que Onésio Ribeiro Pereira Júnior teria dado entrada já sem vida e com sinais de violência pelo corpo na Unidade Mista de Saúde (UMS) Municipal.

Os guardas foram até o local e, em contato com os funcionários da clínica, foram informados de que o interno teria fugido e, após ter sido capturado, começou a se sentir mal. Alegaram ainda que, por isso, o homem foi levado até o hospital.

Porém, segundo os médicos, o interno já havia entrado no hospital sem vida. Com isso, diante das contradições, policiais civis da delegacia de Embu-Guaçu foram até a clínica, onde testemunhas contaram que a vítima teria sido agredida e que o local da agressão havia sido lavado para dificultar o trabalho da perícia.

Em entrevista à TV Globo, um dos internos relatou que ouviu as agressões. “Espancaram ele de madeira. Amarraram e bateram nele. O meu quarto era em cima do quartinho que ele tava. Nós escutamos tudo…ele gritando: ‘pelo amor de Deus para’. Isso aí não pode ficar assim, não pode ficar impune”, afirmou o rapaz, que terá a identidade preservada.

‘Que não fiquei impune’

Uma parente de Onésio, que prefere não se identificar, contou que ele foi internado no dia 28 de agosto deste ano após ter recaída com uso de drogas. Ele já havia sido internado em 2020.

“Internamos ele por conta da recaída. O pessoal da clínica foi buscar na casa. Ele era dócil, querido, não era agressivo. Só ia se proteger se batessem nele. Não revidaria nunca”, afirmou

Ainda conforme a familiar, Onésio havia contraído sarna recentemente e horas antes de ser comunicada sobre sua morte, havia falado com ele sobre como usar o medicamento.

“Eu falei com ele para ensinar sobre o medicamento. Passou um tempo e me ligaram dizendo que ele queria fugir para ficar com a família. Mas ele não tentou fuga. Foi quando o pegaram e o amarraram. Me ligaram de vídeo e ele chorava muito. Disse que não ia fugir, que só passou na cabeça”.

“Quando foi por volta das 15h [de segunda-feira], recebi ligação de que ele estava passando mal e foi levado pro hospital. Quando cheguei, eu conversei com médico que recebeu o corpo e disse que ele estava morto há mais de uma hora”.

De acordo com parecer emitido pela clínica referente à evolução do paciente, ao qual a reportagem teve acesso, foi informado que Onésio apresentava “convivência aceitável com os demais acolhidos, equipe e aceitável adesão ao tratamento por internação” e “demonstrava interesse nos conteúdos abordados”.

“A gente entrega para que pessoas tirem o vício. É uma clínica paga, com mensalidade, taxas, com consultas psiquiátricas pagas. Gastos chegavam a R$ 2 mil. Ele nunca gritou com ninguém, não fez nada de errado a não ser usar droga. Que isso não fique impune”.
 

Dono de clínica de reabilitação é preso após morte de interno com sinais de agressão em Embu-Guaçu

Polícia Civil cumpriu mandado de prisão temporária contra Ueder Santos de Melo nesta quinta-feira (19). Onésio Ribeiro Pereira Júnior, de 38 anos, morreu no dia 25 de setembro após ser agredido na Comunidade Terapêutica Kairos Prime. Cinco funcionários foram presos.

A Polícia Civil cumpriu nesta quinta-feira (19) o mandado de prisão temporária contra o dono da clínica Comunidade Terapêutica Kairos Prime, em Embu-Guaçu, após a morte do interno Onésio Ribeiro Pereira Júnior, de 38 anos, no dia 25 de setembro.

Ueder Santos de Melo, que tem passagem por roubo, passou a ser investigado pela responsabilidade criminal na morte de Onésio.

Cinco funcionários, entre 26 e 65 anos, foram presos em setembro suspeitos de agredir o interno até a morte com objetos de madeira.

De acordo com o delegado Júlio César de Almeida Teixeira, a prisão foi motivada após indícios no inquérito policial apontarem de que Ueder tem responsabilidade e culpabilidade na morte da vítima. Os indícios não foram divulgados à reportagem.

Durante o cumprimento do mandado foram encontradas diversas armas de fogo com Ueder, todas com registros de CAC.

Ainda conforme a polícia, também foram cumpridos mandados de busca e apreensão em outros endereços relacionados ao empresário.

Em setembro, Ueder comentou sobre a morte do interno ao g1, por telefone.

“Desligamento total dos funcionários e a Justiça está apurando os fatos. Estou total à disposição da polícia. A unidade nasceu em 2022. É uma unidade nova. Agora, minha preocupação é orientar as famílias. Nunca foi da nossa política ter agressão. Nunca vi como gestor acontecer algo, como muitos estão dizendo. Seria o primeiro a fazer denúncia se visse algo”, afirmou, na época.

A morte de Onésio foi a segunda registrada este ano na clínica Kairos. Em março, um jovem de 27 anos foi achado com marcas de agressão no pescoço. Três pessoas foram presas na época.

O Ministério Público disse que já tinha feito um pedido de fiscalização à Vigilância Sanitária de Embu-Guaçu para verificar a regularidade da clínica.

Segundo o MP, logo após a morte do paciente em março, a promotoria solicitou durante o inquérito policial, em 10 de abril, informações por parte da Vigilância Sanitária local sobre a regularidade da clínica após ciência de provável homicídio.

Ainda de acordo com a promotoria, também foi enviado um ofício à Vigilância Sanitária em 21 de julho deste ano após o MP ser informado de possíveis maus-tratos praticados por funcionários da clínica.

A reportagem do g1 questionou a prefeitura, que afirmou que “em 25 de maio indeferiu o alvará de funcionamento da clínica por falta de alvará da Vigilância Sanitária e de outros documentos, evidenciando que a clínica estava operando em condições irregulares”.

Sobre a informação de morte no mesmo local em março, a Prefeitura afirma que só teve conhecimento do ocorrido em 26 de setembro por meio do Ofício nº 705/202 da Polícia Civil de Embu-Guaçu.

Agressões

Na declaração de óbito, segundo apurado pela TV Globo, consta que Onésio Ribeiro Pereira Júnior sofreu hemorragia subdural disfusa traumática, traumatismo crânio e cefálico e traumatismo raque medular.

“Testemunhas contaram que a vítima já estava usando camisa de força quando, então, os indivíduos, esses administradores da clínica, iniciaram uma sessão de pancadaria, agressões contra a vítima que, segundo essas testemunhas, eram costumeiramente realizadas com barras de ferro, pés de mesa, tacos de sinuca e cabeceira de uma cama”, afirmou o delegado Júlio Cesar de Almeida Teixeira.

“As lesões que nós encontramos no corpo da vítima não são passíveis de ser imputadas como lesões de fuga. São claramente lesões praticadas por instrumentos contundentes”.

Interdição
Após a morte de Onésio, a clínica de reabilitação foi interditada pela prefeitura no dia 26 de setembro por falta de alvará.

Em nota, a prefeitura informou que, após uma inspeção da fiscalização sanitária, foi verificada a irregularidade do espaço e, por isso, foi determinada a interdição.

Ainda conforme o Executivo municipal, uma avaliação dos medicamentos presentes no local será feita, solicitando as respectivas receitas.

Questionada sobre a clínica ter CNPJ ativo desde 2022, a prefeitura esclareceu que o processo de fiscalização é acionado por meio de denúncias ou quando o estado informa a existência de clínicas que precisam ser verificadas.

“No caso da clínica Projeto Kairos, um fator relevante foi a ausência de sinalização, o que tornou a clínica discreta e, consequentemente, passou despercebida pelas autoridades, operando clandestinamente”, disse a prefeitura.

Ao g1 e à TV Globo, o diretor da clínica, Ueder Santos de Melo, alegou que estava em processo de regularização e que tinha protocolado todos os documentos solicitando o alvará.

Morte de interno e prisão de funcionários

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), guardas civis realizavam patrulhamento de rotina, quando foram informados de que Onésio Ribeiro Pereira Júnior teria dado entrada já sem vida e com sinais de violência pelo corpo na Unidade Mista de Saúde (UMS) Municipal.

Os guardas foram até o local e, em contato com os funcionários da clínica, foram informados de que o interno teria fugido e, após ter sido capturado, começou a se sentir mal. Alegaram ainda que, por isso, o homem foi levado até o hospital.

Porém, segundo os médicos, o interno já havia entrado no hospital sem vida. Com isso, diante das contradições, policiais civis da delegacia de Embu-Guaçu foram até a clínica, onde testemunhas contaram que a vítima teria sido agredida e que o local da agressão havia sido lavado para dificultar o trabalho da perícia.

Em entrevista à TV Globo, um dos internos relatou que ouviu as agressões. “Espancaram ele de madeira. Amarraram e bateram nele. O meu quarto era em cima do quartinho que ele tava. Nós escutamos tudo…ele gritando: ‘pelo amor de Deus para’. Isso aí não pode ficar assim, não pode ficar impune”, afirmou o rapaz, que terá a identidade preservada.

‘Que não fiquei impune’

Uma parente de Onésio, que prefere não se identificar, contou que ele foi internado no dia 28 de agosto deste ano após ter recaída com uso de drogas. Ele já havia sido internado em 2020.

“Internamos ele por conta da recaída. O pessoal da clínica foi buscar na casa. Ele era dócil, querido, não era agressivo. Só ia se proteger se batessem nele. Não revidaria nunca”, afirmou

Ainda conforme a familiar, Onésio havia contraído sarna recentemente e horas antes de ser comunicada sobre sua morte, havia falado com ele sobre como usar o medicamento.

“Eu falei com ele para ensinar sobre o medicamento. Passou um tempo e me ligaram dizendo que ele queria fugir para ficar com a família. Mas ele não tentou fuga. Foi quando o pegaram e o amarraram. Me ligaram de vídeo e ele chorava muito. Disse que não ia fugir, que só passou na cabeça”.

“Quando foi por volta das 15h [de segunda-feira], recebi ligação de que ele estava passando mal e foi levado pro hospital. Quando cheguei, eu conversei com médico que recebeu o corpo e disse que ele estava morto há mais de uma hora”.

De acordo com parecer emitido pela clínica referente à evolução do paciente, ao qual a reportagem teve acesso, foi informado que Onésio apresentava “convivência aceitável com os demais acolhidos, equipe e aceitável adesão ao tratamento por internação” e “demonstrava interesse nos conteúdos abordados”.

“A gente entrega para que pessoas tirem o vício. É uma clínica paga, com mensalidade, taxas, com consultas psiquiátricas pagas. Gastos chegavam a R$ 2 mil. Ele nunca gritou com ninguém, não fez nada de errado a não ser usar droga. Que isso não fique impune”.

Polícia vai investigar responsabilidade de dono de clínica de reabilitação na morte de interno; é o segundo paciente que morreu no local este ano

Testemunhas relatam que Onésio Ribeiro Pereira Júnior, de 38 anos, foi agredido até a morte com objetos de madeira; caso foi registrado como homicídio, sequestro, cárcere privado e tortura na delegacia de Embu-Guaçu. Segundo a polícia, este foi o segundo caso de morte registrado na clínica neste ano.

A Polícia Civil investigará a responsabilidade criminal do dono da clínica Comunidade Terapêutica Kairos Prime, em Embu-Guaçu, após a morte do interno Onésio Ribeiro Pereira Júnior, de 38 anos, na última segunda-feira (25).

Cinco funcionários, entre 26 e 65 anos, foram presos suspeitos de agredirem o interno até a morte com objetos de madeira, entre eles tacos de sinuca. O caso foi registrado como homicídio, sequestro, cárcere privado e tortura.

“Testemunhas contaram que a vítima já estava usando camisa de força quando, então, os indivíduos, esses administradores da clínica, iniciaram uma sessão de pancadaria, agressões contra a vítima que, segundo essas testemunhas, eram costumeiramente realizadas com barras de ferro, pés de mesa, tacos de sinuca e cabeceira de uma cama”, afirmou o delegado Júlio Cesar de Almeida Teixeira.

Na declaração de óbito, segundo apurado pela TV Globo, consta que Onésio sofreu hemorragia subdural disfusa traumática, traumatismo crânio e cefálico e traumatismo raque medular.

“As lesões que nós encontramos no corpo da vítima não são passíveis de ser imputadas como lesões de fuga. São claramente lesões praticadas por instrumentos contundentes”.

Ainda conforme a polícia, esta foi a segunda morte registrada este ano na clínica. Em março, um jovem de 27 anos foi achado com marcas de agressão no pescoço. Três pessoas foram presas na época.

O diretor da clínica Comunidade Terapêutica Kairos Prime, Ueder Santos de Melo, informou ao g1 na terça-feira (26), por telefone, que acompanhará as investigações e disse que os cinco funcionários foram desligados imediatamente.

“Desligamento total dos funcionários e a Justiça está apurando os fatos. Estou total à disposição da polícia. A unidade nasceu em 2022. É uma unidade nova. Agora, minha preocupação é orientar as famílias. Nunca foi da nossa política ter agressão. Nunca vi como gestor acontecer algo, como muitos estão dizendo. Seria o primeiro a fazer denúncia se visse algo”, afirmou.

Interdição

Após a morte de Onésio, a clínica de reabilitação foi interditada pela prefeitura nesta terça-feira (26) por falta de alvará.

Em nota, a prefeitura informou que, após uma inspeção da fiscalização sanitária, foi verificada a irregularidade do espaço e, por isso, foi determinada a interdição.

Ainda conforme o Executivo municipal, uma avaliação dos medicamentos presentes no local será feita, solicitando as respectivas receitas.

Questionada sobre a clínica ter CNPJ ativo desde 2022, a prefeitura esclareceu que o processo de fiscalização é acionado por meio de denúncias ou quando o estado informa a existência de clínicas que precisam ser verificadas.

“No caso da clínica Projeto Kairos, um fator relevante foi a ausência de sinalização, o que tornou a clínica discreta e, consequentemente, passou despercebida pelas autoridades, operando clandestinamente”, disse a prefeitura.

Ao g1 e à TV Globo, o diretor da clínica, Ueder Santos de Melo, alegou que estava em processo de regularização e que tinha protocolado todos os documentos solicitando o alvará.

Morte de interno e prisão de funcionários

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), guardas civis realizavam patrulhamento de rotina, quando foram informados de que Onésio Ribeiro Pereira Júnior teria dado entrada já sem vida e com sinais de violência pelo corpo na Unidade Mista de Saúde (UMS) Municipal.

Os guardas foram até o local e, em contato com os funcionários da clínica, foram informados de que o interno teria fugido e, após ter sido capturado, começou a se sentir mal. Alegaram ainda que, por isso, o homem foi levado até o hospital.

Porém, segundo os médicos, o interno já havia entrado no hospital sem vida. Com isso, diante das contradições, policiais civis da delegacia de Embu-Guaçu foram até a clínica, onde testemunhas contaram que a vítima teria sido agredida e que o local da agressão havia sido lavado para dificultar o trabalho da perícia.

Em entrevista à TV Globo, um dos internos relatou que ouviu as agressões. “Espancaram ele de madeira. Amarraram e bateram nele. O meu quarto era em cima do quartinho que ele tava. Nós escutamos tudo…ele gritando: ‘pelo amor de Deus para’. Isso aí não pode ficar assim, não pode ficar impune”, afirmou o rapaz, que terá a identidade preservada.

‘Que não fiquei impune’

Uma parente de Onésio, que prefere não se identificar, contou que ele foi internado no dia 28 de agosto deste ano após ter recaída com uso de drogas. Ele já havia sido internado em 2020.

“Internamos ele por conta da recaída. O pessoal da clínica foi buscar na casa. Ele era dócil, querido, não era agressivo. Só ia se proteger se batessem nele. Não revidaria nunca”, afirmou

Ainda conforme a familiar, Onésio havia contraído sarna recentemente e horas antes de ser comunicada sobre sua morte, havia falado com ele sobre como usar o medicamento.

“Eu falei com ele para ensinar sobre o medicamento. Passou um tempo e me ligaram dizendo que ele queria fugir para ficar com a família. Mas ele não tentou fuga. Foi quando o pegaram e o amarraram. Me ligaram de vídeo e ele chorava muito. Disse que não ia fugir, que só passou na cabeça”.

“Quando foi por volta das 15h [de segunda-feira], recebi ligação de que ele estava passando mal e foi levado pro hospital. Quando cheguei, eu conversei com médico que recebeu o corpo e disse que ele estava morto há mais de uma hora”.

De acordo com parecer emitido pela clínica referente à evolução do paciente, ao qual a reportagem teve acesso, foi informado que Onésio apresentava “convivência aceitável com os demais acolhidos, equipe e aceitável adesão ao tratamento por internação” e “demonstrava interesse nos conteúdos abordados”.

“A gente entrega para que pessoas tirem o vício. É uma clínica paga, com mensalidade, taxas, com consultas psiquiátricas pagas. Gastos chegavam a R$ 2 mil. Ele nunca gritou com ninguém, não fez nada de errado a não ser usar droga. Que isso não fique impune”.

Polícia Federal divulga nomes dos detidos pela Operação Saúva

A Polícia Federal já executou 30 dos 32 mandados de prisão preventiva da Operação Saúva, que trouxe a público um esquema de fraudes em licitações no Amazonas, envolvendo compras superfaturadas de alimentos pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), pelo Exército brasileiro, pelo governo estadual e pelas prefeituras da capital, Manaus, e de Presidente Figueiredo, no interior do estado. Em um ano de investigação, a quadrilha fraudou licitações que movimentaram R$ 126 milhões.Entre as concorrências públicas manipuladas, está a aquisição de 230 mil cestas básicas pela Conab, durante a seca do ano passado. Além de estarem com preço acima do mercado, parte dos produtos alimentícios distribuídos aos ribeirinhos – como feijão e leite em pó – estavam vencidos, impróprios para o consumo humano. De acordo com o chefe da Delegacia de Prevenção e Repressão a Crimes Fazendários da Polícia Federal, Jossenildo Cavalcante, apenas o empresário José Maurício Gomes de Lima permanece foragido. “Há também um capitão da Polícia Militar [Quintas, que estaria na França] no exterior. Nós já sabíamos que ele estava fora do país, mas tínhamos esperança de que retornasse”, disse o delegado. Cinco suspeitos foram presos fora do Amazonas, todos eles militares: o coronel Vitor Augusto de Felippes, no Rio Grande do Norte; o tenente- coronel Omar Santos, em São Paulo; o tenente-coronel Francisco Nilton de Souza Júnior, no Ceará; o capitão Erick Correa Baduíno de Lima, no Distrito Federal; e o capitão Carlos Alberto Teixeira Ramos, no Rio de Janeiro. Eles estão sendo trazidos para Manaus, onde deverão prestar depoimento. Os outros cinco militares detidos em Manaus são o capitão Henrique dos Santos Botelho, o capitão Fábio José Capechi, o segundo-sargento Francivaldo da Costa Gomes, o terceiro-sargento Joelson Freitas de Jesus e o terceiro-sargento Silva Alexandre da Silva Souza. Entre os servidores públicos presos na operação está o secretário executivo da Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz), Afonso Lobo Moraes; o superintendente da Conab, Juscelino de Souza Moura; o presidente da Comissão de Licitação da Secretaria Estadual de Assistência Social, Roberto Carbonari Santana, e o assessor do vice-governador do Amazonas, Manoel Paulino Costa Filho. Os outros servidores, que ocupam cargos de nível hierárquico mais baixo, são: Graça Maria Fonseca da Silva, da Sefaz; Dyrce da Conceição Barros Edwards e Aparecida Maria Fernandes Junior, da Secretaria Estadual de Educação; Cimara Santos da Silva e Maristela Lago Pinheiro, da Covisa.Das 25 pessoas presas em Manaus, 11 são empresários do ramo de fornecimento e distribuição de alimentos: Cristiano Cordeiro, apontado como “a formiga mãe” do esquema criminoso; João Leite Limeira e seu filho Derik Costa Limeira, Claudomira Pinto Cavalcante, Adalto Carneiro Portela Junior, Lamark Barroso de Souza, Ricardo de Oliveira Lobato, Adams Emmanuel Pinto Cavalcante, Alberto Paulo Cavalcante Xavier e Júlio César Ferreira de Almeida. O delegado esclareceu que o período da prisão preventiva é de cinco dias, podendo ser prorrogado por mais cinco – desde que a Justiça autorize. Os suspeitos podem ser indiciados pelos crimes de formação de quadrilha; inserção de dados falsos em sistemas de informações; peculato; corrupção passiva e ativa; advocacia administrativa; violação de sigilo funcional; tráfico de influência; fraudes em licitações; lavagem de dinheiro; sonegação fiscal e crimes contra as relações de consumo; e improbidade administrativa.

MPF denuncia 13 envolvidos na Operação Tsunami

O Ministério Público Federal denunciou à Justiça as 13 pessoas investigadas na Operação Tsunami, desencadeada em novembro passado pela Polícia Federal contra traficantes de LSD e ecstasy. Segundo a denúncia, feita em dezembro pelo procurador da República José Augusto Vagos, eles participavam de uma organização criminosa que atuava há pelo menos um ano no tráfico internacional de drogas.

A quadrilha trocava entorpecentes com outros grupos criminosos, inclusive no exterior, e vendia drogas sintéticas importadas da Holanda a uma ampla rede de consumidores em vários estados. O comércio, principalmente de ecstasy e LSD, era feito no varejo e no atacado.

A pedido do MPF, a juíza da 8ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, Valeria Caldi, decretou a prisão preventiva dos 13 denunciados: Jorge Luiz Dias Piraciaba, Daniel Rego Barros Piraciaba, Luis Marcelo Ciorciari Alonso, Lilia Rejane Marinho Jordão Januário, Julio Cesar Marinho Jordão Lage, Vivian Ribeiro Abdala, André Mussi Figueiredo, Carlos Henrique Fowler Moscoso, Raimundo Pimentel Correa, Alberto Moraes Neto, Leonardo de Paula Fernandes da Silva, Pablo Pelosi Ramos e Francisco Barroso Júnior. À exceção do último, todos estão presos. Eles vão responder pelos crimes de tráfico de entorpecentes (pena de três a quinze anos de reclusão, acrescida de um a dois terços por envolver transação com o exterior) e de associação para a prática do tráfico (três a dez anos de reclusão, a ser aumentada de um sexto a dois terços por causa da transnacionalidade do delito).

Durante as investigações, foi preso, em setembro passado no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Yuri Kulesza, contratado pelos denunciados para transportar um quilo de cocaína até Amsterdã e de lá trazer ao Brasil mais de 20.000 pontos de LDS, em apreensão recorde desse tipo de alucinógeno.

““Todos os denunciados são pessoas de classe média, a maior parte formada de jovens residindo em bairros na zona sul do Rio de Janeiro ou na Barra da Tijuca, ostentando um padrão de vida não condizente com qualquer atividade econômica lícita””, afirma o procurador José Augusto Vagos.

Operação Tubarão: 28 pessoas presas, além de armas de fogo e materiais utilizados para o tráfico apreendidos

O diretor do Departamento de Narcóticos (Denarc), delegado Osvaldo Resende, detalhou na manhã desta terça-feira, em coletiva realizada na sala de imprensa da Secretaria de Segurança Pública de Sergipe, como foram arquitetadas as investigações da “Operação Tubarão”, realizada no início da manhã de ontem, 19, com apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol) e diversas unidades da Polícia Civil.

A operação culminou no cumprimento de 28 mandados de prisão preventiva e outros 29 de busca e apreensão contra uma associação criminosa responsável pelo tráfico de drogas na região litorânea de Aracaju. Foram presos: Adilson José dos Santos, o “Gamela” ou “Yuri”; Adriana Monteiro dos Santos; Ana Paula Pereira da Silva; Bruno Cezar Santos Cunha; Débora Cristina Borges dos Santos, a “Deba”, Diego Lavigne da Costa, Emerson de Jesus Santos, o “Moranguinho”; Heber Lavigne Carvalho; Hegliane de Jesus Silva, o “Batatinha” ou “Hengle”; Hugo Leonardo Lemo Matos; Jamile Conceição Gonzaga; Joedson Henrique Soares Matos; Jonata Souza Santos, o “Neguinho” ou “Neguinho Jonas”; Jonathan Melo de Araújo, o “Graxinha”; Jorge Luiz Santos, o “Márcio Jorge”;José Renilson de Jesus Santos, o “Del”;Jucival Santana dos Santos, o “Sinval” ou “Camilo”; Júlio César Chaves Santana, o “Lucas”, “Paulista” ou “Gordinho”; Kátia Patrícia Souza da Silva; Leidiane Cavalcante Apulto; Marcelo Torres Pacheco, o “Marcelo Gordinho”; Marcos Antônio Barreto Filho, o “Marquinhos”; Marilene Ferreira Davino, a “Galega”; Rafaela Barbosa de Sousa; Ricardo de Jesus Santos; Sérgio Francisco dos Santos; Tarsila Rodrigues Bezerra e Thiago Trocate da Silva.

Segundo o delegado Osvaldo Resende, as investigações da Operação “Tubarão” começaram no mês de julho deste ano, “As informações apuradas na investigação mostram que a associação era composta por quatro núcleos de comando, todos chefiados por pessoas que iam de moto taxistas a pessoas que se apresentavam como comandantes de círculos de criminosos, mais tarde identificados como Heber, Marcelo, Marcos, Julio Cesar e Jonatha, sendo que todos eles já tinha passagem pela polícia” , destacou.

Segundo informações policiais, uma das marcas da organização do grupo era o uso de extrema violência utilizada em suas ações. No andamento das investigações, a polícia conseguiu, através do monitoramento, intervir e frustrar homicídios encomendados pelos chefes da associação criminosa contra outros traficantes e usuários de drogas. Todas as vezes que a polícia identificava preparativos para a prática de homicídios, saturava a área com equipes policiais e evitava que o crime fosse cometido.

Outro detalhe apurado e confirmado com a deflagração da “Tubarão”, foi sobre como era feita a comercialização das drogas, que chegava a ser vendida através de cartão de crédito e de débito.

Com os chefes da quadrilha foram apreendidos carros de luxo, das marcas Land Rover e um Volvo, duas pistolas de calibre 380, um da marca Glock e outra Taurus, vasta quantidade de munição, além de duas prensas hidráulicas, uma maquineta de cartão de crédito e 320 kg de drogas, divididos entre maconha, crack e cocaína.

Sobre o contribuição na diminuição do número de homicídios
A delegada geral de Polícia Civil de Sergipe, Katarina Feitoza, também nesta manhã, 20, falou sobre como operações como essas diminuem o número de homicídios na capital e áreas metropolitanas.

“Desde que assumimos o comando, realizamos reuniões semanais, uma trabalho em conjunto, para que com isso possamos conter, traçando novas estratégias para diminuir crimes de homicídios e tráfico de drogas, aqui em Aracaju”, explicou a Katarina.

A delegada ainda destacou que a parceria entre o Departamento de Narcóticos da Polícia Civil (Denarc) e a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), auxilia com grande veemência no combate a esse tipo de crime, que é agravado pela disputa de pontos de comercialização de drogas em vários pontos da capital. “ O trabalho das duas especializadas tem grande importância no trabalho de cruzar informações para que haja maior celeridade nas investigações, para que o resultado seja sempre positivo o que se diz respeito a diminuição dos crimes de tráfico e homicídios, cometidos em nossa capital”, ressaltou.

Katarina ainda salientou que durante as investigações que culminaram na “Operação Tubarão”, houveram mandos de execução, e em todos eles a polícia conseguiu frustrar. “ No decorrer dessa operação, a polícia conseguiu frustrar a execução de um família inteira, envolvida no tráfico na região sul da capital, e graças a esse trabalho efetivo e em conjunto da polícia sergipana, os índices tendem a cair mais e mais”, finalizou.

 

Operação Tubarão: 28 pessoas presas, além de armas de fogo e materiais utilizados para o tráfico apreendidos

O diretor do Departamento de Narcóticos (Denarc), delegado Osvaldo Resende, detalhou na manhã desta terça-feira, em coletiva realizada na sala de imprensa da Secretaria de Segurança Pública de Sergipe, como foram arquitetadas as investigações da “Operação Tubarão”, realizada no início da manhã de ontem, 19, com apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol) e diversas unidades da Polícia Civil.

A operação culminou no cumprimento de 28 mandados de prisão preventiva e outros 29 de busca e apreensão contra uma associação criminosa responsável pelo tráfico de drogas na região litorânea de Aracaju. Foram presos: Adilson José dos Santos, o “Gamela” ou “Yuri”; Adriana Monteiro dos Santos; Ana Paula Pereira da Silva; Bruno Cezar Santos Cunha; Débora Cristina Borges dos Santos, a “Deba”, Diego Lavigne da Costa, Emerson de Jesus Santos, o “Moranguinho”; Heber Lavigne Carvalho; Hegliane de Jesus Silva, o “Batatinha” ou “Hengle”; Hugo Leonardo Lemo Matos; Jamile Conceição Gonzaga; Joedson Henrique Soares Matos; Jonata Souza Santos, o “Neguinho” ou “Neguinho Jonas”; Jonathan Melo de Araújo, o “Graxinha”; Jorge Luiz Santos, o “Márcio Jorge”;José Renilson de Jesus Santos, o “Del”;Jucival Santana dos Santos, o “Sinval” ou “Camilo”; Júlio César Chaves Santana, o “Lucas”, “Paulista” ou “Gordinho”; Kátia Patrícia Souza da Silva; Leidiane Cavalcante Apulto; Marcelo Torres Pacheco, o “Marcelo Gordinho”; Marcos Antônio Barreto Filho, o “Marquinhos”; Marilene Ferreira Davino, a “Galega”; Rafaela Barbosa de Sousa; Ricardo de Jesus Santos; Sérgio Francisco dos Santos; Tarsila Rodrigues Bezerra e Thiago Trocate da Silva.

Segundo o delegado Osvaldo Resende, as investigações da Operação “Tubarão” começaram no mês de julho deste ano, “As informações apuradas na investigação mostram que a associação era composta por quatro núcleos de comando, todos chefiados por pessoas que iam de moto taxistas a pessoas que se apresentavam como comandantes de círculos de criminosos, mais tarde identificados como Heber, Marcelo, Marcos, Julio Cesar e Jonatha, sendo que todos eles já tinha passagem pela polícia” , destacou.

Segundo informações policiais, uma das marcas da organização do grupo era o uso de extrema violência utilizada em suas ações. No andamento das investigações, a polícia conseguiu, através do monitoramento, intervir e frustrar homicídios encomendados pelos chefes da associação criminosa contra outros traficantes e usuários de drogas. Todas as vezes que a polícia identificava preparativos para a prática de homicídios, saturava a área com equipes policiais e evitava que o crime fosse cometido.

Outro detalhe apurado e confirmado com a deflagração da “Tubarão”, foi sobre como era feita a comercialização das drogas, que chegava a ser vendida através de cartão de crédito e de débito.

Com os chefes da quadrilha foram apreendidos carros de luxo, das marcas Land Rover e um Volvo, duas pistolas de calibre 380, um da marca Glock e outra Taurus, vasta quantidade de munição, além de duas prensas hidráulicas, uma maquineta de cartão de crédito e 320 kg de drogas, divididos entre maconha, crack e cocaína.

Sobre o contribuição na diminuição do número de homicídios

A delegada geral de Polícia Civil de Sergipe, Katarina Feitoza, também nesta manhã, 20, falou sobre como operações como essas diminuem o número de homicídios na capital e áreas metropolitanas.

“Desde que assumimos o comando, realizamos reuniões semanais, uma trabalho em conjunto, para que com isso possamos conter, traçando novas estratégias para diminuir crimes de homicídios e tráfico de drogas, aqui em Aracaju”, explicou a Katarina.

A delegada ainda destacou que a parceria entre o Departamento de Narcóticos da Polícia Civil (Denarc) e a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), auxilia com grande veemência no combate a esse tipo de crime, que é agravado pela disputa de pontos de comercialização de drogas em vários pontos da capital. “ O trabalho das duas especializadas tem grande importância no trabalho de cruzar informações para que haja maior celeridade nas investigações, para que o resultado seja sempre positivo o que se diz respeito a diminuição dos crimes de tráfico e homicídios, cometidos em nossa capital”, ressaltou.

Katarina ainda salientou que durante as investigações que culminaram na “Operação Tubarão”, houveram mandos de execução, e em todos eles a polícia conseguiu frustrar. “ No decorrer dessa operação, a polícia conseguiu frustrar a execução de um família inteira, envolvida no tráfico na região sul da capital, e graças a esse trabalho efetivo e em conjunto da polícia sergipana, os índices tendem a cair mais e mais”, finalizou.

’Lava Jato de Viamão’ bloqueia 15 milhões em bens de prefeito e investigados como ex-vereador de Gravataí

Reproduzo artigo que publiquei hoje no Diário de Viamão sobre a última movimentação da Justiça na ‘Operação Capital’, que decretou a indisponibilidade de bens de investigados como o ex-vereador Carlito Nicolait, secretário da Saúde afastado por 180 dias da Prefeitura vizinha. Saiba também por que prefeito e políticos seguem afastados. E leia trechos de diálogos de interceptações telefônicas

O juiz Cristiano de Azeredo Machado, da 1ª Vara Cível, determinou o bloqueio de R$ 15 milhões em bens dos envolvidos na ‘Lava Jato de Viamão’, a Operação Capital, que em fevereiro afastou por 180 dias o prefeito André Pacheco, o vereador Sérgio Ângelo e cinco secretários, e tratei em artigos como Prefeito de Viamão, 5 secretários e vereador afastados por suspeita de corrupção e Silêncio é pena capital para prefeito afastado em Viamão; o herói incômodo.

Estão na lista o prefeito, o vereador e os ex-secretários Ederson Machado dos Santos, Jair Mesquita de Oliveira, Milton Jader Alves do Amaral, Pedro Joel de Oliveira, Carlito Nicolait de Mattos e os empresários Jaqueline de Azevedo Machado e Aldo Luis Mess.

As suspeitas de irregularidades em contratos da Prefeitura têm origem em denúncias feitas por Rafael Dala Nora Bortoletti, ex-chefe de gabinete ligado ao ex-prefeito Valdir Bonatto, que rompeu com o prefeito alegando corrupção no governo.

O juiz também impede os envolvidos de fazer negócios com o poder público.

A fake news da volta

A interpretação errada da decisão, vazada a jornalistas por mal informados, ou informados do mal, viralizou nas redes sociais uma fake news: a volta de André Pacheco ao cargo. É preciso explicar: a última decisão da Justiça de Viamão não decreta o afastamento dos investigados por improbidade administrativa, como pede o Ministério Público, mas todos seguem impedidos de voltar aos cargos e manter contatos entre si, devido ao Procedimento Investigatório Criminal (PIC) 00030.00012/2019 que levou o Tribunal de Justiça a aceitar pedido da Procuradoria dos Prefeitos para afastar por seis meses o prefeito e seus supostos comparsas.

Em resumo: André Pacheco, Sérgio Ângelo e os secretários só voltam ao cargo caso Julio Cesar Finger, relator do processo, aceite apelação dos réus, já feita à 4ª Câmara do Tribunal de Justiça no processo relativo à ‘Operação Capital’, que chamo ‘Lava Jato de Viamão’ por tratar da esfera criminal.

Para se ter uma dimensão da gravidade daquele que é o maior escândalo da história de Viamão, é o PIC que acusa o prefeito de ter contas pessoais pagas por empresa fornecedora da Prefeitura, como aconteceu, por exemplo, com ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral, hoje inquilino em Bangu 8.

Caso o ‘habeas corpus político’ seja concedido ao prefeito, vereador e secretários, o juiz de Viamão não vê motivo para decretar o afastamento por improbidade, por entender que a presença dos investigados nos cargos públicos não atrapalha o andamento do processo, às quais, conforme o próprio magistrado, revelam indícios de crimes contra a administração pública, como corrupção ativa, passiva, crimes fiscais e licitatórios.

Áudios escandalosos

Os diálogos capturados em interceptações telefônicas são estarrecedores. O que é transcrito pelo juiz de Viamão na última movimentação do processo é um sussurro, perto de áudios a que o Diário de Viamão teve acesso e analisa o conteúdo para divulgar nos próximos artigos. São trechos que integram um processo de mais de 15 volumes.

Na ação cautelar apresentada pelo MP, promotores sustentam que “durante as investigações restou clara a prática dos crimes imputados aos réus, estando evidenciado o prévio acerto entre os servidores públicos e agentes privados, sendo a organização criminosa chefiada pelo prefeito André Nunes Pacheco e dividida em vários núcleos, mas todos eles mantendo prévios ajustes entre os servidores públicos e as empresas Koletar Eirelli (de propriedade do vereador Sérgio Ângelo) Instituto dos Lagos Rio, IPM Sistemas e Thema Informática, a fim de promoverem entre si vantagens ilícitas”.

O juiz de Viamão segue a mesma linha.

– No período das investigações preliminares, realizadas por meio de interceptação dos telefones usados pelos investigados, descortinou-se possível associação entre os réus acima apontados, alguns exercentes de cargos públicos, com objetivo de frustrar o caráter competitivo de processos licitatórios. Dos diversos diálogos havidos entre os réus, que constam nos relatórios de investigação apresentados pelo MInistério Público, observa-se intensa troca de informações e mensagens que supostamente não constituem exercício regular de direito, mas possivelmente mácula aos deveres do gestor público ante os impositivos princípios constitucionais que regem a Administração.

Segue o magistrado:

– A atuação dos particulares parece contribuir e determinar a adoção de práticas vedadas pelo ordenamento jurídico no manejo da coisa pública, de modo a evidenciar, ainda que em juízo de cognição sumária, a configuração de atos de improbidade administrativa.

Edital construído por empresa

Para comprovar a suspeita de corrupção, o juiz transcreve Relatório de interceptação 13/2019, “de onde se extraem fortes indicativos de fraude em licitação na oportunidade em que Jaqueline afirma que “construiu o edital”, conforme diálogos interceptados da ré, ligada à empresa Thema”.

Aqui é crucial informar que um CC citado na ação inicial foi excluído pelo juiz da lista de investigados. O William que aparece em conversas telefônicas não é o jornalista William de Oliveira Dias.

Siga.

(…)

Alvo: Jaqueline de Azevedo Machado.

JAQUELINE: Olha só. E… no dia quatro de junho tem a licitação de agência de publicidade lá de Viamão, tá? E eu construí o edital e tal e assim seria o maior contrato que eu já tive na agência assim. porque é um contrato de cinco anos…

WILLIAM: Ah, sei, sim. Sim.

JAQUELINE: Só que eu tô pensando em não participar, embora eu tenha construído todo o processo.

WILLIAM: Sim, sim. (…)

JAQUELINE: É, porque tem um áudio assim que eu mando pro Rafael dizendo que o edital tá pronto que se a gente tiver esse novo contrato melhora muito a comunicação, tipo, se ele… se ele tiver pela maldade e ele ainda tiver esse áudio, ele vai largar isso e vai me expor, sabe?

WILLIAM: Não, e mais do que isso, sabe o Jaque, vamos dizer mais, ta? Primeiro que com certeza, hã, vocês vão ser a agência que vai dar o menor valor, independente de qualquer coisa mesmo que tu não conhecesse o edital, conhecesse ele só quando ele fosse publicado, tá? E segundo ponto, hã… quem está agora no poder é… é quem faz artimanhas, entendeu? É quem passa fazendo planos maquiavélicos pra conseguir, hã, hã… se beneficiar de alguma coisa.

JAQUELINE: Dinheiro.

WILLIAM: Isso.

JAQUELINE: É o Jair.

WILLIAM: Tá? É, entendeu? É quem monta a campanha assim, o Jair, por exemplo, ele nunca foi candidato a nada, mas em compensação é ele quem dá, hã, sustentabilidade pro Sarico se candidatar, entendeu?

(…)

Prefeito manobrava CPI

O juiz observa que os fatos desvelados e confirmados na Operação Capital – que já eram investigados em sigilo – vieram a público no início de 2019, quando CPI foi aberta na Câmara de Vereadores para apurar o suposto favorecimento da empresa Thema.

O magistrado interpreta que o prefeito manobrava a CPI.

– Se extrai do relatório de interceptação 10/2019 (…) indícios de que o prefeito atuou na defesa dos interesses da empresa, conforme conversa mantida com o advogado da empresa Thema Alvaro Andre Bergental e o vereador Xandão – aponta o juiz, na última decisão.

Siga mais conteúdo de áudios.

(…)

Alvo: André Nunes Pacheco

Procurador da empresa investigada Thema solicita ao prefeito que interfira em benefício de sua empresa. Neste caso, o advogado Álvaro André Bergental Leite combina um encontro no Gabinete do Prefeito quando o relator da ‘CPI da Thema’ estiver no local, a fim de que possam conversar todos em ambiente seguro.

Mencionam que este relator seria o vereador “Xandão”, identificado como o vereador Alexandre Gomes Melo. O prefeito André Pacheco garante que Xandão “é bem acessível”.

ANDRÉ: Bom dia doutor.

ADVOGADO BERGENTAL: Bom dia André, como é que tá meu ilustre, tudo bem?

ANDRÉ: Tudo bom, tudo bem;

ADVOGADO BERGENTAL: André, um minutinho pode?

ANDRÉ: Claro, claro…

ADVOGADO BERGENTAL: André, olha só, fui a Viamão ontem não consegui fala contigo, nem liguei pra ti pra não ti incomoda e eu tava na corrida.

ANDRÉ: Tá!

ADVOGADO BERGENTAL: Protocolei um, um requerimento para ter acesso aos depoimentos, dois depoimentos dum tal de Fernando e o Rafael Bortoletti na CPI da Thema.

ANDRÉ: Tá!

ADVOGADO BERGENTAL: Cuja presidente é a Delamar (Belamar Pinheiro, vereadora), essa mulher tá obstruindo a minha vida.

ANDRÉ: Tá!

ADVOGADO BERGENTAL: Ela é a presidente o relator é o tal de Xandão.

ANDRÉ: Isso.

ADVOGADO BERGENTAL: Eu disse pra ela: “Relatora, presidente, po é tranquilo, direito nosso tranquilo, a senhora qué convoca a Thema vai te que prestá depoimento eu preciso sabe o que que o, a outra parte falô, etc e tal.” Pois é por que eu recebi o requerimento por que eu passei agora pro relator, por que o relator vai te que vê e vai mi devolvê, depois é o senhor vai vê, não sei o que… tal de Xandão? é facil chegá nesse cara?

ANDRÉ: Anhãm, sim. claro que sim é acessivel claro, claro que sim.

ADVOGADO BERGENTAL: Eu consigo o telefone do Xandão como?

ANDRÉ: Eu consigo ele pra ti… eu consigo.

ADVOGADO BERGENTAL: Pra eu pode fala com ele, de que partido ele é?

ANDRÉ: Ele é do PRB.

ADVOGADO BERGENTAL: Tem algum posicionamento nessas posições?

ANDRÉ: Não, não, não, e tranquilo, e tranquilo, ele é um vereador bem bem ativo ali e quero dizê que ele vai ta aqui comigo as duas horas hoje, no gabinete.

ADVOGADO BERGENTAL: Vai tá aí as duas horas?

ANDRÉ: Ele vai estar aqui as duas horas no gabinete tratando duma demanda da, duma comunidade dele lá.

ADVOGADO BERGENTAL: Posso ir?

ANDRÉ: Claro. pode tá aqui.

ADVOGADO BERGENTAL: Só chegá, não participa. só chegá e aí que tu fizesse uma ponte com ele pra mim, pra mim liberá esse negócio.

ANDRÉ: Claro, claro.

ADVOGADO BERGENTAL: Cara eles querem convoca a Thema pra semana que vem e eu quero sabe o que que o Rafael falo contra a Thema André.

ANDRÉ: Claro.

ADVOGADO BERGENTAL: Pra eu não precisá entra com mandado de segurança essa, essa mulher tá tá obstruindo a minha vida tchê.

ANDRÉ: Eu sei ela ta. ela ta bem, ela ta bem contra, bem contra.

ADVOGADO BERGENTAL: Poxa, então eu posso tá contigo as duas horas então aí meu irmão?

ANDRÉ: Pode sim duas hora eu tô aqui.

ADVOGADO BERGENTAL: Quinze pras duas tô chegando aí, um abraço pra ti.

ANDRÉ: Beleza, um abraço.

(…)

Sob coordenação de André

A partir de outro relatório de interceptação telefônica o juiz considera possível concluir que, em diversas oportunidades, houve determinação para quebra da ordem de pagamentos dos credores da Prefeitura com a finalidade de beneficiar a empresa Koletar Eirelli -EPP, que pertence ao vereador Sérgio Jesus Cruz Angelo, “inclusive com determinação para que as verbas fossem retiradas do SUS para pagar os empenhos feitos em prol da empresa”.

Os diálogos revelam a forma como os suspeitos se organizavam para fraudar, frustrar a competitividade da licitação, desviar verba para recebimento preferencial com favorecimento pessoal, vantagem ilícita, dano ao erário e desatendimento aos princípios do direito administrativo.

– Com efeito, reputo haver elementos de convicção preliminares tendentes a desnudar a participação dos demandados nos atos de improbidade invocados na inicial. A ré Jaqueline foi flagrada diversas vezes acertando detalhes e informações acerca das licitações levadas a efeito pelo poder Executivo local. Pedro Joel e o vereador Sergio Cruz Angelo, com conhecimento do prefeito André, determinaram e efetivaram diversos pagamentos indevidos à empresa Koletar. Já os réus Ederson, Carlito, Milton e Jair atuaram no intuito de fraudar licitação, objetivando garantir a contratação da empresa IPM Sistemas, pertencente a Aldo Luis Mess – aponta o magistrado.

Que explica segue:

– Os representantes da empresa elaboraram e repassaram editais e documentos, restritos à competição, pré-direcionados ao êxito da IPM Sistemas. Igualmente, as interceptações revelam a conduta de Luis Carlos, Jackson e Fabrício no sentido de beneficiar empresas em licitação, envolvendo diversos agentes vinculados à administração pública de Viamão, os quais vêm agindo, ao que tudo que indica com a chancela e sob coordenação do prefeito André Nunes Pacheco.

Nenhum dos envolvidos atendeu ligações nos celulares listados no processo. O espaço está aberto para as versões dos réus.

Analiso.

Ao fim, o prefeito André Pacheco tem um ‘xis na testa’ colocado pelo Ministério Público e, em parte, já chancelado pelo Judiciário.

Pode até voltar ao cargo, mas como um cadáver político.

E sob o risco de, ao fim do processo penal, ou a qualquer momento, ser preso.

Sobre Carlito, dou mais detalhes em artigos sequentes.