Cayó el hijo de mega estafador brasileño atrapado en julio por la Policía de Maldonado

El hijo de un estafador brasileño atrapado el pasado mes de julio por investigadores del Distrito 2 de la Policía de Maldonado, cayó en la ciudad de Minas, y junto a su pareja (uruguaya) fue trasladado a Maldonado. Terminó procesado por reiterados delitos de estafa, pero por razones de salud cumple prisión domiciliaria.

El pasado mes de julio, la Justicia envió a prisión al ciudadano brasileño Aldo Sampaio Raggio, de 59 años de edad, como autor de reiterados delitos de estafa. Empero, tiempo después por razones de salud logró acceder al beneficio de la prisión domiciliaria.

Fijó domicilio en la ciudad de Minas, capital de Lavalleja, donde días atrás la Policía lo fue a “controlar” y no se encontraba. En ese momento se detectó la presencia de otros familiares, algunos de los cuales estaban requeridos por investigadores del Distrito 2 de la Policía de Maldonado.

Con orden Judicial, los investigadores se hicieron presentes en la ciudad de Minas, donde fue detenido el hijo de Aldo, Renato Sampaio Raggio, de 34 años, quien estaba requerido junto a otros miembros de la familia. También fue detenida la esposa de este último, una uruguaya.

 

Trasladados a Maldonado y tras ser interrogados por la Policía, fueron conducidos ante el titular del Juzgado Penal de 2° Turno. El magistrado, procesó con prisión a Renato Carlos Sampaio Raggio, por la presunta comisión de reiterados delitos de estafa en calidad de co autor.

Sin embargo, no fue alojado en un establecimiento carcelario, sino que por certificado médico forense que confirma que padece problemas de salud, cumplirá al menos por el momento prisión domiciliaria, y volvió a la ciudad de Minas donde fijó domicilio su padre.

La esposa de Renato Carlos Sampaio, la uruguaya identificada como A.C.G., fue procesada sin prisión por la presunta comisión de un delito de falsificación de cédulas de identidad. Como medida sustitutiva, debe cumplir arresto domiciliario nocturno por 90 días, de 20.00 a 7.00 horas.

La pareja tiene dos pequeños hijos de 3 y 9 años que también poseerían cédulas de identidad a partir de nombres falsos. La Justicia, espera ahora datos del Registro Civil para saber como lograron los distintos integrantes de esta familia, obtener documentación uruguaya.

Entre tanto, se ordenó el cierre de fronteras para Aldo y Renato Sampaio Raggio, así como para A.C.G., si intentan salir de Uruguay tanto con sus nombres reales como con los apócrifos que usaban: Luis Henrique Santos y Leomar Alves Pereira Dos Santos, respectivamente.

La punta

El martes 5 de julio del corriente año, el padre del ahora procesado, Aldo Sampaio Raggio, de 59 años de edad, fue procesado con prisión como autor de reiterados delitos de estafa, aunque no hubo ninguna imputación por la utilización de documentos falsos de otro país.

Meses antes, llegó a Punta del Este y a través de un tercero, se acercó a un pae y su esposa mae, con la intención de someter a un tratamiento a su hijo que padecería una grave enfermedad. Se trataba de Renato Sampaio, quien también utilizaba documentos falsos.

Aldo Sampaio, bajo el nombre de Luis Henrique Gonçalves, paulatinamente se fue ganando la confianza del matrimonio, al que convenció de que era capaz de iniciarlo en provechosos proyectos comerciales. Siempre vestido de traje y corbata, y usando sombrero, fue logrando su objetivo.

La pareja, tomó préstamos bancarios, vendió su coche y hasta le pidió dinero prestado a amigos, para entregárselo al estafador brasileño, quien iniciaría los trámites para poner en marcha 4 proyectos en el área de la vestimenta, un centro de alto rendimiento y otro en el sector inmobiliario.

En distintos encuentros, celebrados en los hoteles Conrad de Punta del Este y Sheraton de Montevideo, la pareja le entregó mediante varias partidas, unos US$ 30.000. Pae y mae, desconfiados porque no surgían avances de los proyectos, radicaron una denuncia.

Con orden Judicial, un equipo encubierto de investigadores de Maldonado, viajó a Montevideo, donde el pae y la mae se encontrarían con Aldo Sampaio Raggio para entregarle otra importante suma de dinero. Allí cayó el estafador brasileño que fue trasladado a Maldonado.

Además, la Policía le incautó 3 documentos diferentes falsificados, y 3 teléfonos celulares. Aunque en primera instancia quiso negar su verdadera identidad, un cúmulo de pruebas en su contra terminó con la elevación de los antecedentes a la Jueza Penal de 4° Turno.

En tanto, la Policía intentó ubicar a su hijo Renato Sampaio -o Leomar Santos-, a su esposa que es uruguaya, y a un hermano. Todos integraban una banda que habría cometido infinidad de estafas millonarias tanto en Brasil como en Argentina, según pudo saber MaldonadoNoticias.

Paralelamente, la Justicia analizó otras dos denuncias por presuntas estafas cometidas por estos individuos. Aldo Sampaio se había presentado como el propietario de una pequeña empresa constructora. Su esposa, su hermano y el hijo quedaron requeridos por las mismas maniobras.

Una de las denuncias fue radicada por una mujer, que le entregó al estafador US$ 5.000 con la promesa de instalarle en la ciudad de Pando, Canelones, una fábrica de jeans; la otra, fue presentada por un hombre de Piriápolis que le entregó US$ 13.000 para un emprendimiento inmobiliario.

En Brasil

En mayo de 2014, Aldo Sampaio Raggio fue detenido por la Policía Civil brasileña, portando documentos falsificados y en posesión de un arma de fuego de uso restringido. También fueron detenidos su hijo Renato Sampaio y su hermano Attilio Renato Sampaio.

Asimismo, fue investigada la esposa de Aldo Sampaio, que es uruguaya. Todos integraban una banda de estafadores que se había especializado en convencer con gran astucia a empresarios e inversores de Uruguayana, quienes también perdieron decenas de miles de dólares.

El cabecilla de la organización tenía orden de captura por homicidio, y en su país, también presentaba documentos a nombre de Luiz Enrique Gonçalves o Luiz Henrique Gonçalves. Aseguraba tener una gran influencia en el Banco Nacional de Desarrollo (BNDES) del vecino país del Norte.

Condenado na operação Vorax é preso pela PF ao dar entrada em hospital público de Manaus

Condenado na operação Vorax é preso pela PF ao dar entrada em hospital público de Manaus

Há quase um ano foragido, Adriano Teixeira Salan, ex-secretário de administração da Prefeitura de Coari na gestão de Adail Pinheiro, foi preso pela Polícia Federal nessa madrugada, por volta das 00h30, no momento em que deu entrada em um hospital da rede pública de Manaus.

Condenado no processo da operação Vorax, Adriano estava até na lista vermelha da Interpol. Salan foi um dos articuladores de esquema de fraudes em licitações da prefeitura que culminaram em uma condenação de mais de 16 anos para ele.

Segundo a Polícia Federal, Adriano Salan era um dos comparsas de Carlos Eduardo do Amaral Pinheiro, chefe do esquema dos desvios de recursos públicos em Coari e irmão de Adail.

Carlos Pinheiro continua foragido e está entre os 10 mais procurados da Interpol.

Entre 12 denunciados na Operação Sangue Negro, 4 são ex-funcionários da Petrobras

Segundo o Ministério Público, do final de 1997 ao início de 2012, a partir do uso de empresas offshore de fachada, houve pagamentos indevidos na Suíça de pelo menos US$ 46 milhões

Rio – Quatro ex-funcionários da Petrobras estão entre os 12 denunciados pelo Ministério Público Federal do Rio de Janeiro (MPF-RJ) por crimes em contratos firmados entre a estatal e a empresa holandesa SBM Offshore. São o ex-gerente-executivo de Engenharia Pedro José Barusco Filho, o ex-diretor da Área Internacional Jorge Luiz Zelada, o ex-diretor de Serviços Renato Duque (já investigados na Operação Lava Jato) e o membro da Comissão de Licitação Paulo Roberto Buarque Carneiro.

Duque foi denunciado pelos crimes de corrupção passiva e associação criminosa. Os demais são acusados de corrupção passiva, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e associação criminosa.

Segundo o MPF-RJ, do final de 1997 ao início de 2012, a partir do uso de empresas offshore de fachada, houve pagamentos indevidos na Suíça de pelo menos US$ 46 milhões, relativos aos contratos dos navios FPSO II, FPSO Espadarte (Cidade de Anchieta) FPSO Brasil, FPSO Marlim Sul, FPSO Capixaba, turret da P-53, FPSO P-57 e monoboias da PRA-1.

A denúncia do MPF abrange ainda a contribuição pedida por Renato Duque aos agentes da SBM, no valor de US$ 300 mil, para a campanha presidencial do Partido dos Trabalhadores (PT) em 2010.

Integrantes da direção atual da SBM estão sendo denunciados por favorecimento pessoal, por terem adotado condutas tendentes a evitar ação penal contra algumas das pessoas envolvidas em atos de corrupção.

Até o momento, foram efetivamente recuperados em procedimentos de colaboração premiada, entre multas e repatriação, mais de R$ 96 milhões, a maior parte com a cooperação de autoridades suíças.

Também foram denunciados Julio Faerman, Luís Eduardo Campos Barbosa, Robert Subiate, Didier Henri Keller, Anthony (“Tony”) Jogn Mace, Bruno Yves Raymond Chabas, Sietze Hepkema e Philippe Jacques Levy.

O CEO da Progress Ugland Anders Mortensen também foi denunciado por crime de corrupção, embora não relacionado com a SBM.

Deputado é condenado por exploração de trabalho escravo e infantil em fazenda em Goiás

A quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) condenou o proprietário da Fazenda Triângulo, Paulo Roberto Gomes Mansur (Beto Mansur, deputado federal pelo PRB/SP) ao pagamento de indenização de R$ 200 mil por dano moral coletivo. Ao justificar a condenação, a Turma destacou que as provas constantes no processo demonstraram a existência de trabalho análogo ao de escravo e de prestação de serviço por jovens com menos de 18 anos, além de diversas outras violações aos direitos dos trabalhadores. A fazenda fica no Município de Bonópolis (GO).

A decisão restabelece o valor da condenação fixado inicialmente pela Vara do Trabalho de Uruaçu (GO) ao julgar ação civil pública ajuizada em 2005 pelo Ministério Público do Trabalho (MPT). O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (GO) reduziu-o para R$ 50 mil.

A Turma do TST deu provimento a recurso do MPT e considerou os R$ 50 mil incompatíveis tanto com a gravidade dos ilícitos praticados quanto com a capacidade econômica do empregador. A majoração também teve o objetivo de tornar eficaz o caráter pedagógico da condenação, devido à inexpressividade financeira. O valor será revertido ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

Condições degradantes
Um grupo móvel de fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) realizou inspeção na propriedade rural por solicitação do promotor de Justiça da cidade de Porangatu (GO). A equipe contou com auditores fiscais do Trabalho, policiais e delegado da Polícia Federal e procurador do Trabalho integrante da Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo do Ministério Público do Trabalho.

De acordo com o relato feito na reclamação trabalhista, o grupo encontrou trabalhadores em frentes de trabalho de catação de raiz vinculados a intermediários de mão-de-obra, os chamados “gatos”. Além trabalhar em condições precárias, os trabalhadores ficavam alojados em barracões com cobertura de plástico preto e palha, sobre chão batido, sem proteção lateral, em péssimas condições de higiene. Também não havia instalações sanitárias ou fornecimento de água potável.

No local foi constatada a presença de jovens de 17 e até de 14 anos de idade prestando serviços. Dos trabalhadores entrevistados, a maioria não tinha Carteira de Trabalho e Previdência Social anotada.

No local era adotado o sistema do barracão, que consiste na venda aos trabalhadores de artigos como sabonete, fumo, isqueiro e rapadura. As compras eram anotadas em caderneta para posterior acerto de contas, mediante desconto nos salários, com vantagem ilícita aos empregadores.

O procedimento foi classificado, na sentença, como autêntica “servidão por dívida”, já que se aproveitava do baixo grau de instrução dos trabalhadores (em boa parte analfabetos), do difícil acesso a centro urbano e da dificuldade de locomoção no meio rural.

Além da penalidade em obrigações de fazer – fornecer alojamento com condições sanitárias adequadas, proteção contra intempéries durante o trabalho a céu aberto, condições de conforto e higiene para refeições e fornecimento de água própria para o consumo humano –, houve determinação de uso de equipamento de proteção individual (EPI) pelos trabalhadores. A juíza da Vara do Trabalho de Uruaçu explicou que, nos dias de hoje, o trabalho em condição análoga à de escravo não deve ser entendido somente como o que restringe a liberdade por completo do trabalhador ou o que oferece ameaça à sua integridade física.

Em recurso ordinário ao TRT-GO, o empregador conseguiu reduzir a condenação por dano moral coletivo de R$ 200 mil para R$ 50 mil. Tanto o MPT quanto o fazendeiro recorreram ao Tribunal Superior do Trabalho, questionando diversos pontos da decisão do Regional.

TST
Em seu apelo, o deputado, embora tenha admitido a ocorrência do dano, afirmou que não teria havido ofensa ao patrimônio moral da sociedade. Desse modo, ausentes os requisitos legais necessários ao deferimento de indenização por dano moral coletivo, não se justificaria a condenação.

Seu recurso, porém, não foi conhecido. O relator, ministro Emmanoel Pereira, destacou que as afirmações do TRT-GO quanto à veracidade dos fatos acerca de desrespeito aos direitos fundamentais trabalhistas na arregimentação de catadores de raízes para sua propriedade rural exigiriam, para alterar a decisão, que a Turma revisse os fatos e provas dos autos, procedimento vedado pela Súmula 126 do TST.

O recurso do MPT, para o qual a condenação em R$ 50 mil estaria aquém dos limites da razoabilidade e da proporcionalidade, foi provido. “No caso concreto, a prova não deixa dúvidas sobre existência de trabalho degradante e ofensivo à dignidade do trabalhador, ou seja, análogo ao de escravo, a existência do repudiado trabalho infantil, além de inúmeros outros desrespeitos aos direitos dos trabalhadores”, afirmou o ministro Emmanoel Pereira. “Diante desse contexto, o Regional, ao reduzir o valor da indenização, fixou essa verba em montante extremamente reduzido”.

Na sessão de julgamento, a Turma atendeu a pedido do representante do Ministério Público do Trabalho de que a decisão seja encaminhada ao Procurador Eleitoral da 18º Região, para consideração ante o teor da Lei Complementar 135/2010 (lei da Ficha Limpa).

TRF-4 confirma absolvição do bispo Edir Macedo

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve, em julgamento nesta terça-feira (26/11), a absolvição do bispo Edir Macedo Bezerra, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, dos crimes de uso de documento falso e falsidade ideológica. A decisão da 7ª Turma foi unânime.

A relatora da ação, juíza federal Salise Monteiro Sanchotene, convocada para atuar no tribunal, afirmou que, embora existam suspeitas, a condenação criminal não pode ser embasada em presunções ou conjecturas sobre a existência da fraude.

Edir Macedo responde processo criminal desde 2005, quando foi denunciado pelo Ministério Público Federal e pelo também bispo Marcelo Nascentes Pires, por falsificação de uma procuração outorgada pelo último. Pires alega que Macedo teria inserido informações diversas na procuração, bem como utilizado o documento para alterar o contrato social da TV Vale Itajaí (SC), excluindo-o da sociedade contra sua vontade.

O MPF e Pires recorreram no tribunal após a Justiça Federal de Itajaí absolver Edir Macedo e Honorildo Gonçalves da Costa, também réu na ação, por ausência de provas.

“Não se ignora serem suspeitas a inserção de designação de empresa com denominação inexistente à época da outorga de poderes (Televisão Xanxerê Ltda, cujo nome surgiu em 1998, sendo o instrumento de mandato de 1996), a autenticação de firma do outorgante após seis anos da confecção do documento e a concessão de amplos poderes de gestão em favor de quem assevera dedicar-se somente a questões de natureza espiritual, relacionada à Igreja da qual é fundador e principal liderança”, afirmou a relatora Salise no acórdão.

Entretanto, ela disse que não há comprovação de que as cotas transferidas pertenceriam, efetivamente, a Nascentes Pires, o qual não teria capacidade econômica para integrar quadro societário de emissora filiada de televisão.

“De tal fato se extrai fundada dúvida de que o intuito do mandante, ao repassar procuração com abrangentes poderes de gestão de bens e espaço passível de ser posteriormente preenchido, era mesmo, à época da confecção do documento, o de permitir operações como as que se sucederam, não havendo falar em falso ideológico”, concluiu. Com informações da Assessoria de Imprensa do TRF-4.

ACR 2005.72.08.001188-7/TRF

Advogado negocia apresentação de casal foragido

O promotor do Ministério Público do Estado do Pará (MPE/PA), Nelson Medrado, informou à reportagem do DOL que o advogado de Renato Cesar Nascimento Spinelli e Paula Carolina Sotão Vieira, foragidos sob acusação de participar de um esquema de fraudes 

O promotor do Ministério Público do Estado do Pará (MPE/PA), Nelson Medrado, informou à reportagem do DOL que o advogado de Renato Cesar Nascimento Spinelli e Paula Carolina Sotão Vieira, foragidos sob acusação de participar de um esquema de fraudes nos convênios do Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém (Ipamb), firmados com farmácias particulares de Belém, está negociando a apresentação de seus clientes.

“O advogado disse que quer apresentá-los. Ele entrou em contato comigo por telefone, na tarde de hoje (3), para pedir informações”, declarou o promotor. Medrado afirmou que apresentação do casal foragido não deve mais acontecer nesta terça-feira, mas é grande a possibilidade de eles serem apresentados amanhã (4) à Justiça.

O promotor também explicou que está decretada a prisão temporária dos acusados, durante um período de cinco dias. “Esse prazo pode ser prorrogado ou não. Depende do andamento que vão tomar as investigações”, afirmou. Após a apresentação dos foragidos, o MPE comunicará ao Sistema Penal para que seja indicado onde o casal ficará detido.

Ainda de acordo com o promotor, uma terceira pessoa, que teria sido usada como “laranja” no esquema de fraudes, já prestou depoimento sobre o caso e foi liberada por não ter sido comprovado seu envolvimento com o crime. (DOL)

TJSP nega habeas corpus a preso da Operação Alquimia

A 16ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou hoje (8) habeas corpus a Alexander Dunhill Duarte, conhecido como Barriga, que teve a prisão decretada pela suposta prática de tráfico de entorpecentes.

Duarte e mais catorze pessoas, entre elas Juan Mori Albornoz, ex-secretário da saúde de Mongaguá, estão sendo investigadas pelo envolvimento no tráfico de substâncias proibidas, utilizadas para baratear cocaína, entre elas a lidocaína e a cafeína. O caso ficou conhecido como Operação Alquimia, realizada pela Polícia Federal.

De acordo com o relator, desembargador Pedro Menin, a manutenção da prisão de Duarte é necessária para garantir a instrução criminal. Isso porque, por se tratar de crime envolvendo organização criminosa, a liberdade dos envolvidos poderia ocasionar a destruição de provas e colocar em risco as testemunhas.

Também participaram do julgamento, que teve decisão unânime, os desembargadores Souza Nucci e Alberto Mariz de Oliveira

Ex-diretor de Saúde de Mongaguá usou carro da prefeitura em esquema; veja

O ex-diretor de Saúde da Prefeitura de Mongaguá (litoral de São Paulo) Juan Mori Albornoz foi preso nesta quarta-feira (28) em uma operação da Polícia Federal contra uma suposta quadrilha responsável pelo esquema de desvio de produtos químicos para a produção e adulteração de cocaína. Em seis meses de investigação, a chamada operação Alquimia prendeu 33 pessoas –sendo 16 ontem.

Imagens feitas pela PF mostram que Albornoz usava o carro da prefeitura para comprar produtos químicos como lidocaína, cafeína, éter e acetona –utilizados na adulteração da cocaína para a comercialização– na farmácia de manipulação AtualPharma, em Mongaguá. A proprietária do estabelecimento também foi presa.

Policiais rodoviários são condenados por corrupção

Dois policiais rodoviários federais, presos na Operação Passadiço, foram condenados pela Justiça Federal de Sergipe nesta segunda-feira (13/7). Dilermando Hora Menezes e José Carlos Vitório dos Santos estavam entre os 14 policiais denunciados pelo Ministério Público Federal em Sergipe pela acusação de terem “recebido propina para não fiscalizar corretamente os veículos que trafegavam pelas estradas federais que cortam o estado”.

A Operação Passadiço foi deflagrada em junho de 2008, em conjunto entre o MPF, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Na época, 19 pessoas chegaram a ser presas. De acordo com o MPF, os crimes eram praticados nos postos fiscais de Cristinápolis e Malhada dos Bois, ambos em Sergipe.

Dilermando Menezes foi condenado a 13 anos de reclusão pelos crimes de corrupção ativa, tráfico de influência, advocacia administrativa, violação de sigilo funcional e concurso material. A juíza federal Andréa Márcia Vieira de Almeida determinou que ele cumpra a pena em regime semiaberto. Ele pode recorrer em liberdade.

José Carlos também foi condenado por advocacia administrativa, violação de sigilo funcional e concurso material, além de corrupção passiva. As penas somam mais de dez anos de reclusão. Carlos também poderá cumprir a pena em regime semiaberto e recorrer em liberdade.

“A sentença, como nós esperávamos, foi pela condenação, em virtude do conjunto de provas que foi apresentado. Estamos avaliando a extensão das condenações para decidirmos sobre eventual recurso e aguardando que os demais processos relativos ao mesmo caso tenham desfecho semelhante”, avalia o procurador da República Eduardo Pelella.

Na denúncia apresentada pelo MPF, são apontadas conversas dos réus com outros acusados. Segundo o MPF, nessas conversas, os condenados “acertavam preços para liberar a fiscalização de veículos irregulares, informavam a conhecidos e amigos quem eram os policiais de plantão nos postos fiscais da PRF, pediam favores aos colegas de plantão e até mesmo discutiam com outros policiais por terem apreendido veículos de seus amigos”.

Renova Energia esnoba pequenos investidores

Em Portugal, os responsáveis pela colocação das ações da EDP Renováveis vão aumentar de 20% para 26% a quantidade de papéis disponíveis, o que significa mais de 13 milhões de ações para os pequenos subscritores. Em contrapartida, a parcela destinada aos investidores institucionais será reduzida para 76%. Bom, isso está acontecendo por causa da grande procura por esses títulos e, segundo os cálculos, de 30 mil a 40 mil pessoas demonstraram interesse pelo investimento, o que significa um rateio que proporcionará cerca de 40 ações para cada uma delas. Toda essa euforia é porque se trata de uma empresa do mais badalado setor da atualidade: o de energias renováveis.
Enquanto isso, no Brasil, a Renova Energia, empresa holding do grupo composto pela Enerbras Centrais Elétricas e pela Energética Serra da Prata, entrou com pedido na Comissão de Valores Mobiliários para captar recursos, através do lançamento de units, para aumentar a capacidade de geração de energia elétrica por fontes alternativas. Por enquanto, ninguém sabe, a quantidade de títulos a ser oferecida, nem a faixa estimativa de preço.
Apesar da Enerbras ser uma empresa relativamente nova e, consequentemente, sem tradição no mercado, já demonstrou um certo esnobismo ao anunciar que os papéis serão colocados no Brasil e nos Estados Unidos, sob a coordenação do UBS Pactual e do Morgan Stanley, mas destinada exclusivamente a investidores qualificados, ou seja, aqueles que façam investimentos superiores a R$ 300 mil reais.
O mais engraçado é que os controladores acham que haverá rateio na oferta de dispersão e já estabeleceram que será adotado o critério diferenciado, que divide os investidores com prioridade e sem prioridade. O direito à prioridade depende de dois fatores, a requisição de tal classificação, e do atestado de bom comportamento, ou seja, será atendido aquele investidor que não ter não tiver flipado (no jargão de mercado, vendido as ações no dia da estréia) em ofertas anteriores.
Acredita-se que tal decisão é baseada no fato do controle da Renova ser divido entre a RR Participações, de Ricardo Lopes Delneri e Renato do Amaral Figueiredo, e pelo InfraBrasil, cujos quotistas são a Petros, a Funcef e o BNDESPar, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento sendo um dos principais financiadores de recursos desse fundo.

Empresários portugueses com problemas
As empresas controladas pelos empresários portugueses Joe Berardo e Horácio Roque foram objeto de busca e apreensão por parte de uma equipe liderada pelo Procurador da República, Rosário Teixeira, durante a “Operação Furacão”. Agora, estão indiciadas por prática de fraude fiscal, por utilização de faturamento falso e lavagem de dinheiro, com a utilização de firmas off-shores.
O pitoresco é que isso aconteceu no dia em que Joe Berardo foi eleito presidente do conselho de remunerações do Banco Comercial Português.